El Consejo de Gobierno ha acordado instar al Gobierno de España a adoptar las alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía al proyecto de real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que regula los requisitos para la instalación de centros de datos en España.
En este sentido, la Junta de Andalucía considera que la redacción actual impone restricciones de imposible cumplimiento para el desarrollo de un sector estratégico para Andalucía, por lo que, con sus alegaciones, busca lograr un diseño de la regulación que la haga técnicamente viable, económicamente proporcionada, territorialmente equilibrada y capaz de combinar sostenibilidad, inversión, empleo cualificado, seguridad jurídica y cohesión territorial.
Dada su elevada capacidad de producción eléctrica renovable y los proyectos empresariales maduros, Andalucía tiene capacidad para convertirse en uno de los polos de desarrollo digital más importantes del sur de Europa vinculados a la inteligencia artificial, la nube y la computación avanzada.
Así, la Junta de Andalucía advierte que el texto impone cargas administrativas desproporcionadas, genera inseguridad jurídica y se traduce en la práctica en una restricción casi total al establecimiento y ampliación de este sector. La nueva normativa perjudica la competitividad nacional, además de ir contra las prioridades estratégicas de la Unión Europea para crear un mercado único de datos que garantice competitividad global y soberanía digital, evitando dependencias externas críticas.
Entre los aspectos que impugna destaca la inseguridad jurídica que genera la aplicación retroactiva de los requisitos a proyectos que ya vienen tramitándose bajo unas condiciones diferentes. Además, el real decreto impone un tratamiento más restrictivo que el aplicado a otros sectores, lo que rompería la unidad de mercado.
Igualmente, la Junta de Andalucía rechaza que el modelo propuesto exija cubrir el 80% del consumo total mediante autoconsumo o contratos de electricidad renovable vinculados a instalaciones puestas en servicio exclusivamente en los 18 meses previos a la operación del centro. Además, considera que este plazo es incompatible con los tiempos habituales de desarrollo de nuevos proyectos renovables y que exigir que esa energía renovable se genere en la misma hora de consumo no resulta razonable si no se cuantifica el almacenamiento necesario para los periodos sin producción solar.
Por último, el Gobierno andaluz comparte la necesidad de un marco exigente para el crecimiento ordenado de los centros de datos, de combatir el uso especulativo de la capacidad eléctrica y de reforzar la soberanía digital, pero defiende que la regulación no puede imponer requisitos inalcanzables ni convertirse en una barrera de entrada para inversiones.