La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha abogado en el Parlamento de Andalucía por situar a las empresas «en el eje central» de las políticas que impulsará su departamento a lo largo de la presente legislatura. Durante la comparecencia para presentar las líneas estratégicas de la Consejería para este nuevo mandato, Blanco ha subrayado la aportación que realiza el tejido productivo, incluyendo también a los trabajadores autónomos, en la «creación de empleo y en la generación de actividad económica, sosteniendo así buena parte del progreso y del bienestar de nuestra sociedad». De ahí que, a su juicio, una de las prioridades sea «conectar empresa, empleo y desarrollo económico».
La consejera ha recordado que, a pesar de las incertidumbres vinculadas al contexto internacional, Andalucía cuenta a día de hoy con casi 591.000 ocupados más que a finales de 2018, así como con 258.511 desempleados menos que entonces. «Tenemos más personas trabajando, más afiliados a la Seguridad Social, más autónomos y más empresas», ha destacado, algo que, a su juicio, evidencia un «cambio profundo» en el mercado laboral que las actuaciones de la Consejería de Empleo deben contribuir a afianzar por su condición de «instrumento estratégico».
A lo largo de su intervención, Blanco ha detallado los principales instrumentos con los que contará su departamento para alcanzar esos objetivos, manteniendo dos que ha considerado «señas de identidad» desde 2019: la apuesta por la simplificación administrativa y la automatización de los procesos. Unas herramientas que han resultado fundamentales para movilizar durante ese tiempo casi 596.000 ayudas por valor de unos 5.200 millones de euros, y también para alcanzar un elevado nivel de ejecución presupuestaria que en 2025 alcanzó el 81,5%.
Uno de los principales recursos para adecuar las necesidades del tejido productivo a las del mercado de trabajo volverá a ser durante esta legislatura la formación en el ámbito laboral. La consejera ha apostado por avanzar «hacia una formación más útil, más especializada y mejor conectada con las empresas», capaz de anticiparse a las transformaciones tecnológicas y de responder al obstáculo que representa el creciente número de vacantes de empleo sin cubrir. En este sentido, ha recordado que la Consejería ha concedido desde 2019 más de 788 millones de euros que se han traducido en casi 16.400 acciones formativas, de las que se han beneficiado unos 252.000 alumnos.
Entre los programas actualmente en marcha, ha citado las convocatorias dirigidas a personas desempleadas y ocupadas, una nueva edición del Programa de Empleo y Formación o el programa de formación con compromiso de contratación. Esta cualificación de los trabajadores debe orientarse también hacia la especialización; de ahí que haya confirmado la extensión de los proyectos formativos singulares vigentes (sector naval, industria aeroespacial y Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba) a los sectores tecnológico, minero, agrícola, sociosanitario y de oficios tradicionales de la alimentación. Durante la nueva legislatura volverán a impulsarse programas específicos dirigidos a trabajadores autónomos, personas con discapacidad o mujeres en el ámbito rural (Programa ‘Preparadas’).
Apoyo al trabajo autónomo e incentivos
Con 601.958 afiliados al RETA el pasado mes de agosto, Andalucía lidera desde mayo de 2021 el sector del trabajo autónomo en España. «Queremos acompañar a esas personas no solo cuando inician su actividad, sino también cuando necesitan consolidarla, conciliar o garantizar la continuidad de su negocio», ha destacado Blanco. Las actuaciones previstas se enmarcarán en el Plan Estratégico Andaluz para el Trabajo Autónomo 2024-2027, «manteniendo las que funcionan, y adaptando las que respondan a nuevas necesidades». Entre las primeras, ha hecho balance de la cuota cero, que en su última convocatoria suma 65,3 millones de euros en ayudas, y las ayudas al inicio de actividad, que superan los 128 millones.
Respecto a la Economía Social, otro de los pilares del tejido producto de Andalucía, se mantendrán las líneas de apoyo al empleo, el emprendimiento, la innovación, la competitividad, la difusión y el emprendimiento. De las actuaciones en marcha, la consejera ha mencionado, entre otras, la convocatoria destinada a fomentar la incorporación de nuevas personas socias trabajadoras a cooperativas y sociedades laborales y la línea destinada a incentivar el asociacionismo. Además, ha adelantado el impulso a un nuevo Pacto Andaluz por el Cooperativismo y la Economía Social, llamado a convertirse en un «espacio estable de colaboración y participación» de todos los agentes del sector.
Otro de los objetivos de la Consejería para la presente legislatura es favorecer la incorporación al mercado laboral de los colectivos más desfavorecidos a través de los incentivos para el empleo. En este sentido, Blanco ha recordado que su departamento ha aprobado desde 2019 casi 2.000 millones de euros que han beneficiado a más de 540.000 andaluces. «Se trataba, en todos los casos, de construir una política de incentivos más ordenada, sencilla y con mayor capacidad para responder a las necesidades reales de las empresas, de las entidades locales y de las personas trabajadoras», ha subrayado.
Ejemplo de ello son las nuevas convocatorias del programa ‘Emplea-T’, las que fomentan el empleo entre personas con discapacidad o las que atienden a los colectivos en riesgo de exclusión social. La atención a los jóvenes, cuya tasa de desempleo se ha reducido en más de 14 puntos desde el último trimestre de 2018, se verá también reforzada, entre otros, a través de los programas ‘Activa-T’ Joven, ‘T-Acompañamos’ Jóvenes y Alma Jóvenes.
Transformación del SAE
Blanco ha incluido el proceso de transformación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre los instrumentos con los que cuenta su departamento para favorecer la inserción laboral y la mejora de la competitividad de las empresas. Esa planificación, que ya es una realidad, permitirá avanzar durante la legislatura hacia «un proceso de intermediación efectiva», pasando así «de un SAE que gestiona servicios, a otro que gestione nuevas oportunidades y talento». Para alcanzar esa meta, la consejera ha planteado la necesidad de concentrar esfuerzos en una doble dirección: el conocimiento de las necesidades reales de las empresas y la atención «cada vez más personalizada» a los usuarios.
El modelo de gestión integral y el perfilado estadístico continuarán siendo los principales instrumentos en esta fase de adecuación del SAE, así como la amplia red de políticas activas de empleo que gestiona la Agencia (Programas Orienta, EPES y ‘T-Acompañamos’, Iniciativa Alma, los programas específicos de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y para el fomento del empleo de personas con discapacidad, o las actuaciones vinculadas a las escuelas de formación y los centros de referencia nacional, entre otros). En conjunto, el SAE ha aprobado desde 2019 ayudas por valor de más de 730 millones de euros que han mejorado las posibilidades de inserción laboral de un millón y medio de personas.
El comercio y la artesanía, con un respaldo de más de 180 millones de euros por parte de la Consejería en los últimos siete años, también contará con programas específicos encuadrados en sus respectivos planes integrales. Entre los objetivos de esta legislatura figuran la continuidad de las actuaciones destinadas a ayuntamientos, pymes y asociaciones del sector, con el objetivo de consolidar proyectos para la modernización de establecimientos y talleres, la promoción y mejora de centros comerciales abiertos y espacios destinados al comercio ambulante, o la organización de actividades de dinamización.
Blanco ha subrayado también la importancia de reforzar las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, imprescindibles para proteger «al mayor activo de cualquier empresa: sus trabajadores». Para ello, los programas contemplados en el futuro segundo Plan de Actuación 2027-2028 de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo incidirán en las medidas preventivas. Entre sus objetivos figuran la prevención y detección de las enfermedades profesionales, las campañas de sensibilización en pymes y el incremento en la colaboración entre administraciones y agentes económicos y sociales.
Por último, la consejera ha subrayado la labor del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) como instrumentos para la representatividad de los agentes económicos y sociales, la articulación de la negociación colectiva y de la mediación ante litigios entre las partes en el seno de las empresas.