La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de la Dirección General de Consumo, desarrollará hasta el mes de diciembre de 2026 una campaña sobre compraventa y arrendamiento de viviendas en cada una de las provincias andaluzas, que contempla al menos 130 actuaciones repartidas entre vivienda en proyecto/construcción, vivienda nueva, vivienda usada y arrendamiento de vivienda y se realizan a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras.
El objetivo principal de la acción, que comenzó el pasado julio, es conocer y evaluar la situación en relación con el cumplimiento de la normativa de consumo, analizando su evolución y las características de las ofertas, promociones y acciones publicitarias vinculadas a la compraventa y al arrendamiento de viviendas.
Asimismo, se comprueba el grado de cumplimiento de las obligaciones de información a las personas consumidoras, especialmente en aspectos como las características de la vivienda, el precio, las condiciones de pago, las garantías de las cantidades entregadas a cuenta y las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en el proceso de edificación.
En esta campaña se verifica también la adecuación de los modelos contractuales empleados por las empresas intermediarias y que los contratos de compraventa y arrendamiento ya formalizados cumplen con la normativa.
Además, se evalúa si las viviendas ofrecidas se corresponden realmente con las características anunciadas y que dicha correspondencia queda reflejada tanto en la información facilitada previamente como en los contratos.
En materia de arrendamientos, con esta campaña se comprueba que las empresas de intermediación cumplen los requisitos legales, especialmente en lo referente a no cobrar u obligar a pago alguno al arrendatario por los gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato y al límite de la fianza exigible, que no podrá superar una mensualidad de renta en los arrendamientos de vivienda. Asimismo, se verifica el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la certificación de eficiencia energética, tanto en las ofertas y promociones realizadas directamente por las empresas como en los anuncios publicados en plataformas de intermediación inmobiliaria.
Por último, se revisa también la relación contractual entre los propietarios que actúen como consumidores y las empresas de intermediación inmobiliaria, prestando especial atención a documentos como las notas de encargo, contratos de gestión o autorizaciones de venta.