La Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias realiza, desde el pasado abril, y hasta el próximo mes de diciembre, la campaña autonómica de control básico de establecimientos, una actuación que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias.
La campaña se lleva a cabo en todos los Servicios Provinciales de Consumo y abarca establecimientos de venta de productos alimenticios (incluidos los mercados de abastos), comercios de productos no alimenticios y negocios que ofrecen servicios.
En total, está previsto actuar sobre, al menos, 2.200 establecimientos distribuidos entre las distintas categorías. Las inspecciones verifican cuestiones básicas esenciales para garantizar los derechos de la ciudadanía, como la existencia de hojas de quejas y reclamaciones y de su cartel anunciador visible, la correcta indicación de los precios, la expedición de facturas y justificantes de pago, o la trazabilidad de los productos comercializados.
La Dirección General de Consumo presta especial atención a que los precios de los productos y servicios se muestren de forma clara, visible y fácilmente identificable, tanto el precio final de venta al público como, cuando proceda, el precio por unidad de medida, de forma que los usuarios puedan comparar correctamente entre distintas opciones.
Asimismo, se comprueba que los establecimientos faciliten facturas o justificantes de pago con todos los datos obligatorios e informen adecuadamente sobre los derechos de garantía de los productos. Asimismo, se controla que la publicidad y las promociones se correspondan con las condiciones reales de venta.
En los comercios en los que se ofertan productos al peso, se revisa que las balanzas utilizadas hayan superado las verificaciones metrológicas obligatorias y se encuentren correctamente precintadas y visibles para la clientela, para garantizar así que el peso cobrado se corresponde con el realmente adquirido.
Asimismo, esta campaña también vigila el cumplimiento de otras obligaciones específicas, como la cartelería y las limitaciones relativas a la venta de tabaco, además de la obligación de informar sobre el precio de las bolsas de plástico y otras medidas relacionadas con la reducción de residuos.
Los resultados de la campaña desarrollada en 2025 evidencian la importancia de este tipo de actuaciones. El pasado año se realizaron 2.859 actuaciones inspectoras en 1.763 establecimientos, agrupadas en 1.767 expedientes, de los que 185 presentaron irregularidades, lo que supone un 10,5%.
Las principales incidencias detectadas fueron la ausencia de hojas de quejas y reclamaciones o de su cartel anunciador, la falta de exhibición de los precios de venta al público en los productos expuestos y la incorrecta indicación del precio por unidad de medida.