El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea y regula la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía, un órgano técnico colegiado que reforzará la coordinación entre las distintas administraciones públicas andaluzas en materia de empleo público y recursos humanos.
La creación de esta comisión da cumplimiento al mandato previsto en la Ley de la Función Pública de Andalucía y responde al objetivo del Gobierno andaluz de avanzar hacia un modelo de administración más coordinado, eficiente y capaz de afrontar los nuevos retos de la gestión pública desde la colaboración institucional.
La creciente complejidad del sector público andaluz, la diversidad de administraciones implicadas y la necesidad de compartir criterios en ámbitos estratégicos hacen necesaria la existencia de un órgano estable de coordinación que permita mejorar la planificación de los recursos humanos y favorecer una gestión homogénea del empleo público en Andalucía.
Así, la Comisión se configura como un órgano técnico colegiado de consulta, asesoramiento y participación administrativa, adscrito a la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, cuya finalidad será coordinar las políticas de empleo público entre las administraciones de Andalucía.
Entre sus principales funciones figura la elaboración de estudios e informes sobre la situación del empleo público en Andalucía; el análisis de proyectos normativos, planes y programas relacionados con la función pública; la formulación de criterios comunes y homogeneización de actuaciones en materias como la carrera profesional, evaluación del desempeño o la movilidad interadministrativa y cooperación entre administraciones; así como la definición de necesidades de los sistemas de información que permitan disponer de un mejor conocimiento de los recursos humanos y facilitar la toma de decisiones.
Asimismo, promocionará la cooperación y asistencia técnica entre administraciones, especialmente para apoyar a aquellas con menor capacidad organizativa en ámbitos como los procesos selectivos, la implantación de la carrera profesional horizontal o los sistemas objetivos de evaluación del desempeño. Otro de sus objetivos será promover actuaciones que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, así como incorporar la perspectiva de género en los estudios, informes y propuestas que elabore.
La comisión, que deberá constituirse en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del decreto, estará presidida por la persona titular de la consejería competente en Administración Pública y contará con representación de las principales áreas con competencias en recursos humanos de la Junta de Andalucía, incluyendo Educación, Salud, Justicia, Hacienda, Administración Local y el sector público instrumental. Además, incorporará a cuatro representantes de la Administración Local, designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y a cuatro representantes de las universidades públicas andaluzas, designados por la Comisión del Sistema Público Universitario, reforzando así su carácter de órgano de coordinación entre todas las administraciones públicas andaluzas.
De igual modo, podrá crear grupos de trabajo especializados para abordar materias concretas y contará con la colaboración del personal técnico de las distintas administraciones, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.
Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz dota al sistema público de un instrumento permanente para mejorar la coordinación de las políticas de personal, facilitar una planificación estratégica de los recursos humanos y promover actuaciones comunes que redunden en una administración más eficaz, moderna y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía.