El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de crédito por importe de 8,5 millones de euros destinada a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), organismo adscrito a la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; para reforzar el equipamiento tecnológico de la Junta de Andalucía mediante la adquisición de nuevos equipos informáticos para el personal de la Administración de Justicia y de la Administración General.
Esta inversión permitirá seguir impulsando la modernización tecnológica de la Junta de Andalucía, garantizando que los empleados públicos dispongan de herramientas más avanzadas, seguras y eficientes para el desempeño de su trabajo y para ofrecer una atención de mayor calidad a la ciudadanía.
Del total de la inversión, 7 millones de euros se destinarán a la adquisición de equipos TIC para el personal de la Administración de Justicia, inmersa en un proceso de transformación tras la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia en cumplimiento de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Un proceso que ha asumido la Junta de Andalucía en solitario, ya que la norma carece de memoria económica, y que ha supuesto la implantación de un nuevo modelo organizativo en los 85 partidos judiciales andaluces en un tiempo récord.
Por otro lado, los 1,5 millones restantes permitirán renovar el equipamiento destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que afronta su mayor transformación con la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos administrativos con el objetivo de hacerlos más eficientes y ahorrar burocracia a los ciudadanos.
La actuación será ejecutada por la ADA, en el marco de sus competencias para la planificación y gestión de las infraestructuras tecnológicas de la Junta de Andalucía. Con la medida, el Gobierno andaluz continúa reforzando su estrategia de transformación digital de la administración, impulsando la renovación de los medios tecnológicos como un elemento esencial para incrementar la eficiencia de los servicios públicos, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, avanzar hacia una administración plenamente digital y facilitar las gestiones a los ciudadanos.
De esta forma, la inversión permitirá dotar a los empleados públicos de nuevos equipos adaptados a las necesidades actuales, favoreciendo un entorno de trabajo más seguro, moderno y preparado para afrontar los retos de la administración digital y de un nuevo ecosistema de trabajo.