Meterse en la piel de una víctima de agresiones o ciberacoso y comprender y empatizar con lo que siente es el objetivo que se ha marcado el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Sierra Morena de Córdoba, gestionado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, mediante la simulación de varios juicios. Con la colaboración de un juez y una fiscal de la jurisdicción de Menores, los jóvenes han participado en este ‘roleplay’ en el que ellos mismos han sido los protagonistas recreando diferentes figuras que intervienen en este tipo de procedimientos.
Esta actividad forma parte de una intervención integral con los menores del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) cordobés para lograr su reeducación, tal y como establece la Ley del Menor. Previamente, el equipo del CIMI -que dirige la Fundación Meridianos- han trabajado de forma teórica con ellos sobre normas de convivencia, derechos, deberes y resolución pacífica de conflictos.
Se ha desarrollado esta parte práctica en la que han asumido diferentes roles durante la simulación de juicios sobre conflictos que son los que habitualmente llevan a los menores ante un tribunal como agresiones, la difusión no autorizada de imágenes en redes o chats. Eso sí, presidiendo el tribunal ha estado el juez Álvaro Carbonell y ejerciendo la representación del Ministerio Público, el fiscal Francisco Ramos, ambos especializados en la Jurisdicción de Menores en Córdoba, a quienes el consejero en funciones de Justicia, José Antonio Nieto, ha agradecido «su implicación en ese proceso de recuperación del menor, de hacer que las medidas sean realmente útiles».
Nieto ha explicado que «la Ley del Menor del año 2000 cambia un sistema puramente punitivo por uno en el que buscamos por encima de todo la reinserción. En esa labor es fundamental las actividades que tienen como objetivo hacer que los menores recapaciten y sean conscientes del daño causado a una persona concreta o al conjunto de la comunidad y que los lleva a una medida de internamiento o de medio abierto».
Tras más de 25 años desde que la Junta de Andalucía asumió las competencias del sistema de Justicia Juvenil, el consejero ha destacado que «más del 80% de los menores que pasan por nuestros recursos no reincide«. La tasa de éxito ha convertido a Andalucía en un referente nacional e internacional en materia de Justicia Juvenil. Algo que, para Nieto, es gracias a la colaboración de profesionales como el juez Carbonell y el fiscal Ramos, pero también a los casi 1.600 educadores, trabajadores sociales, psicólogos, monitores, terapeutas y demás especialistas que trabajan en la red del centros y servicios del sistema y que «que hacen posible que cumplamos con ese reto».
«Ese esfuerzo logra que hagamos una Andalucía mejor y consigamos que esos chavales tengan de verdad esa segunda oportunidad que les permita afrontar la vida de otra manera«, ha subrayado Nieto, quien también ha querido acordarse «de las familias que se encuentran en una situación tremendamente dura, que ayudan, se implican y ponen por encima de cualquier otro objetivo al menor, que tenga esa segunda oportunidad que le permita tener una vida plena».
La actividad celebrada en el CIMI Sierra Morena busca hacerles reflexionar sobre las consecuencias personales, familiares, sociales y judiciales de determinadas conductas. Promover la empatía hacia las víctimas y la comprensión del proceso judicial.
La abogada del CIMI ha adaptado los casos a una representación teatral educativa, organizando los turnos de intervención y los roles que ha asumido cada menor dentro del procedimiento. Además, desde el taller de artes gráficas del centro se han elaborado carteles con las normas propias de una sala judicial y tarjetas de personajes.
Y como colofón los menores han tenido la oportunidad de preguntarle al juez dudas e inquietudes sobre la aplicación de la Ley Penal del Menor, las posibles medidas judiciales, la reincidencia, el derecho a la defensa y la finalidad educativa de las medidas.
Más de 25 años de la Ley del Menor
Desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la Junta de Andalucía ha ido ampliando y mejorando una red de centros y servicios donde se ejecutan tanto medidas privativas de libertad como de medio abierto. Hoy la comunidad cuenta con una red de 14 CIMI con 750 plazas repartidos por todas las provincias para chicos y chicas a los que los jueces imponen medidas privativas de libertad. En Córdoba, funcionan el CIMI Sierra Morena, con 45 plazas masculinas, femeninas y de internamiento terapéutico; y Medina Azahara con 67 plazas masculinas.
El año pasado pasaron por los CIMI andaluces algo más de un millar de menores, pero la cifra va en descenso (3,4% menos que el año anterior) porque los jueces están optando cada vez más por medidas de medio abierto como la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la permanencia durante el día en Grupos Educativas de Convivencia o las tareas socioeducativas.
Así, frente a los 1.041 menores que pasaron por los 14 CIMI en 2025, 4.936 cumplieron medidas de medio abierto. Los jueces imponen medidas de internamiento en dos de cada 10 casos, sobre todo por delitos contra el patrimonio, seguidos de las lesiones y los de torturas y contra la integridad moral como los elegidos para los juicios simulados hoy en el CIMI Sierra Morena.
Para el cumplimiento de medidas de medio abierto como las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas, la Consejería de Justicia tiene más de 300 convenios con ayuntamientos y entidades sociales que colaboran con el sistema y facilitan que los menores infractores cumplan estas medidas colaborando en servicios municipales y, en el caso de las ONG, realizando labores de voluntariado que les permite tomar contacto con colectivos vulnerables.
El año pasado, 354 menores infractores cumplieron 747 medidas judiciales en Córdoba, ya que un mismo menor puede cumplir varias. Así, en los CIMI se ejecutaron 138 medidas de internamiento (1.590 en toda Andalucía) y 609 medidas de medio abierto (6.337 en toda Andalucía), entre ellas las prestaciones en beneficio de la comunidad (53 en Córdoba de un total de 335) y las tareas socioeducativas (101 en Córdoba y 950 en toda la comunidad).