El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el Gobierno de Andalucía va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario. Será, ha asegurado Sanz, «la primera iniciativa parlamentaria que tramitaremos desde la Consejería cuando se inicie el periodo de sesiones». «Nuestro objetivo es que permita una respuesta rápida, eficaz y de efecto disuasorio ante las agresiones a nuestros profesionales», ha subrayado.
Tal y como ha detallado el consejero, que ha presidido una nueva reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Ley «recogerá un régimen sancionador orientado a la protección de los profesionales, que contempla la agresión verbal (insultos, vejaciones), amenazas, coacciones, agresión física y agresiones a través de medios digitales o redes sociales».
Estas sanciones, ha explicado, «se regularán en función de si hablamos de infracciones leves o graves, y podrán alcanzar hasta los 60.000 euros«. Además, ha añadido, «se contemplarán medidas complementarias como la restricción o condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o profesional asignado al agresor, o la coordinación con las medidas judiciales que pudieran adoptarse».
El consejero en funciones de Sanidad ha subrayado que esta ley supone «una demostración de nuestro claro compromiso de ser contundentes, y de plantear una auténtica batalla frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz. Es lo que merecen nuestros profesionales para sentirse apoyados».
Sanz ha recordado, además, que desde el Gobierno de Andalucía, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, «hemos estado desarrollando diferentes acciones, en diversos ámbitos, relacionadas con la formación de los profesionales ante las agresiones, o acciones de comunicación y concienciación en los propios centros para informar a los usuarios». También ha destacado la implantación de la figura del interlocutor sanitario, que realiza un seguimiento de la evolución de las agresiones en las distintas provincias y la incorporación del profesional guía en todos los distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales para identificar las situaciones conflictivas, organizar actuaciones colectivas y ofrecer acompañamiento y apoyo a los trabajadores que sufren una agresión».
En lo que se refiere a la atención a la víctima, Antonio Sanz ha recordado que «el profesional que sufre una agresión física o verbal recibe servicio de apoyo psicológico y de asistencia jurídica«. De hecho, en 2025 los letrados del SAS realizaron 195 asistencias letradas, de las que 33 han sido tipificadas como delito de atentado.
Asimismo, se han reforzado los vigilantes de seguridad en los centros más conflictivos. Respecto a los dispositivos de seguridad, los centros sanitarios cuentan con más de 50.000 entre cámaras, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales. Para ello, ha destacado el consejero, «la inversión en materia de seguridad se ha incrementado en los últimos cinco años en un 60,7%. Hemos pasado de 37 millones en 2020 a cerca de 60 millones en 2025«.
En esta misma línea, ha valorado el refuerzo de la Unidad Sócrates (Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios), debido al reciente incremento de plantilla de la Policía Adscrita. Desde su puesta en marcha, ha detallado, «ha realizado ya 694 entrevistas con directores y responsables de centros sanitarios, así como contactos con vigilantes de seguridad, además de activar actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo detectada».
Estamos «ante una situación que nos preocupa, y en la que estamos trabajando desde el Gobierno de Andalucía con contundencia y con medidas concretas», ha asegurado al respecto Antonio Sanz.
Agresiones a profesionales del ámbito sanitario en 2025
Durante la reunión, se han analizado también los datos sobre agresiones en 2025, cuando se registraron 1.976 agresiones a profesionales en Andalucía, 387 agresiones físicas y 1.589 no físicas. Datos, ha dicho Antonio Sanz, «que nos preocupan y que reflejan un problema que afecta a Andalucía y al conjunto de comunidades autónomas». De hecho, en España se alcanzó la cifra de 18.563 agresiones durante el pasado año. La tasa de incidencia (notificaciones por cada 1.000 profesionales), ha explicado el consejero, es de 15,41 Andalucía, nueve puntos por debajo de la tasa del Sistema Nacional de Salud, que es de 24,37.
Respecto a las agresiones en Andalucía, el 74% se produjeron sobre mujeres y el 26% en hombres, y se ha detectado un aumento de las cometidas por personas con patologías mentales o con deterioro cognitivo. En cuanto a las causas de la agresión, en Atención Primaria, el 52% se refieren a demandas del usuario. En el ámbito hospitalario, el motivo más frecuente es también la demanda del usuario, con un 22%, seguida del desacuerdo con el trato del profesional (21%).
Por su parte, en lo que se refiere al lugar donde se produce la agresión, el 33% de las agresiones en atención primaria se produce en la consulta médica, mientras que el 24% de las que se cometen en el ámbito hospitalario ocurren en la habitación del paciente.
La provincia con más casos es Sevilla (569), seguida de Málaga (310), Cádiz (282), Granada (201), Almería (184), Córdoba (173), Jaén (162) y Huelva (95). En todas ellas, se produce un aumento de agresiones en comparación con 2024, salvo en Cádiz, donde baja un 18% (282).
Trabajo del Observatorio de Agresiones
El Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía se constituyó formalmente el pasado 5 de noviembre y en él están representados tanto la Consejería como el SAS, Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Andaluza, Guardia Civil, Policía Nacional, colegios profesionales y representantes sindicales.
En el Pleno de la reunión mantenida se han definido los grupos de trabajo que se constituirán para valorar los datos, diseñar estrategias e implementar medidas concretas. Concretamente, se formarán cinco grupos: Jurídico y de Protección Institucional, Evaluación, Conocimiento e Inteligencia, Sensibilización, Participación Comunitaria y Cultura del Buen Trato, Formación, Investigación e Innovación, Ámbitos Asistenciales y Colectivos Específicos.