El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias la contratación del Servicio de Atención Temprana (SAT) bajo el régimen de concierto social por 11.271.994,56 euros. Esta partida presupuestaria se destinará específicamente a cubrir aquellos lotes que quedaron desiertos en los concursos previos provinciales, así como a asumir la gestión directa en los municipios donde los ayuntamientos han renunciado a estas competencias delegadas.
El contrato principal contempla una duración inicial de 24 meses, distribuidos en tres anualidades presupuestarias entre 2027 y 2029. No obstante, el pliego administrativo abre la puerta a una prórroga máxima de hasta 21 meses adicionales que, sumada a posibles modificaciones del contrato, podría elevar la inversión total estimada hasta los 24,5 millones de euros, con el fin de asegurar la estabilidad de la red asistencial.
El objeto prioritario es blindar la atención integral a la población infantil andaluza menor de seis años que padece trastornos en su desarrollo o se encuentra en situación de riesgo de presentarlos, extendiendo el apoyo a sus familias y entorno. Las intervenciones se articulan a través de los centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT), garantizando una media de ocho sesiones mensuales por menor en tratamientos generales y hasta doce sesiones al mes en los casos diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA).
La tramitación por procedimiento abierto responde a la necesidad de garantizar la prestación del servicio en aquellas provincias en las que el anterior concurso quedó desierto o bien en los casos en los que los consistorios hayan renunciado a prestarlo o lo hayan modificado. Así, la Junta de Andalucía evita que la renuncia formal del Ayuntamiento de Lebrija a sus competencias delegadas y la petición del Ayuntamiento de Utrera de reducir significativamente sus sesiones asignadas pongan en riesgo la continuidad del servicio asistencial en algunas zonas. Con este nuevo expediente, la Junta de Andalucía centraliza y estabiliza la financiación autonómica para evitar vacíos en la prestación pública.
