La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de la Dirección General de Consumo, ha puesto en marcha una nueva campaña autonómica de inspección dirigida a academias y centros privados que imparten enseñanzas no oficiales, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias.
La actuación, que se inició el pasado abril y se prolongará hasta noviembre, se ejecuta por parte de todos los Servicios Provinciales de Consumo y afecta tanto a centros presenciales como academias que ofrecen formación a distancia y contratación ‘online’. En concreto, se inspeccionan 61 academias presenciales y nueve centros de formación ‘online’, sumando un total de 70 controles en toda Andalucía.
La campaña se realiza en centros privados que imparten enseñanzas no conducentes a la obtención de títulos oficiales, como academias de idiomas, centros de refuerzo educativo, formación especializada y otros servicios formativos de carácter no reglado.
Entre los principales aspectos objeto de control, destacan las prácticas publicitarias, la información previa a la contratación, la documentación contractual, la financiación de los cursos y la correcta expedición de diplomas y certificados de asistencia.
Así, se presta especial atención se presta a que la publicidad de estos centros sea veraz, completa y objetiva, con indicación expresa del carácter no oficial de las enseñanzas impartidas, y evite cualquier mensaje que pueda inducir a error a las personas usuarias. Asimismo, se vigila el uso indebido de marcas institucionales de la Junta de Andalucía en la promoción de estos servicios.
Respecto a los cursos de idiomas, se controla de forma específica la publicidad relacionada con la acreditación de niveles de competencia lingüística o la supuesta obtención de títulos oficiales, con el fin de evitar prácticas comerciales engañosas.
La inspección también comprueba que los centros facilitan correctamente la información obligatoria en tablones informativos y documentos específicos de cada enseñanza, así como que los contratos y, en su caso, de financiación del coste de los cursos, respetan plenamente los derechos de las personas consumidoras.
Además, se supervisa la existencia de los registros del alumnado y de los diplomas o certificados acreditativos de asistencia y el cumplimiento de la normativa de créditos al consumo, cuando exista financiación vinculada a la contratación de los cursos.
La campaña enfoca la vigilancia en los centros en los que se ha detectado una mayor incidencia de quejas, reclamaciones o denuncias registradas por la Administración de Consumo andaluza.