El Consejo de Gobierno ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de cumplir con la obligación establecida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mientras no se disponga de la información necesaria para calcular el techo de gasto correspondiente al ejercicio 2027.
En cumplimiento de la normativa vigente, las comunidades autónomas deben remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del 1 de agosto la información relativa a su límite máximo de gasto no financiero algo que volverá a cumplirse en el caso de Andalucía de cara al ejercicio de 2027.
La determinación del techo de gasto para 2027 debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y los recursos del sistema de financiación autonómica que correspondan a Andalucía. Sin embargo, el Gobierno de España no ha aprobado todavía los objetivos de déficit y deuda para las comunidades autónomas ni ha comunicado las entregas a cuenta del sistema de financiación, la liquidación correspondiente al ejercicio 2025 o el importe de distintas transferencias procedentes de la Administración General del Estado.
La falta de esta información resulta especialmente relevante, porque las entregas a cuenta representan aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos que integran el presupuesto de Andalucía, por lo que constituyen un elemento esencial para determinar con precisión el límite de gasto del próximo ejercicio.
Además, la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio impide disponer de un marco financiero cierto para las comunidades autónomas, dificultando la planificación de los recursos destinados a la prestación de los servicios públicos esenciales. A ello se suma el problema de infrafinanciación que arrastra Andalucía desde hace años como consecuencia de un sistema de financiación autonómica obsoleto e injusto para la comunidad andaluza.
Así, Andalucía continúa recibiendo menos financiación por habitante ajustado que la media de las comunidades de régimen común, una situación que la Junta de Andalucía viene reclamando que se corrija para garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales.
A pesar de esta situación, la Junta de Andalucía mantiene su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación de estabilidad presupuestaria. El límite de gasto definitivo para 2027 se ajustará una vez que el Estado comunique los datos necesarios y apruebe el objetivo individual de estabilidad presupuestaria que corresponda a Andalucía.