jueves, 25 junio 2026

Unanimidad en el Pleno de la Diputación en aprobar 16,5 millones de euros para incorporar al mercado laboral a personas desempleadas de larga duración y financiar vivienda protegida en Los Palacios y Villafranca

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha dado hoy un nuevo paso adelante en el desarrollo de los proyectos sociales de la Institución, con la autorización de todos los partidos políticos representados para destinar 16,5M€, por una parte a la incorporación temporal al mercado laboral de personas desempleadas de larga duración y, por otra

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha dado hoy un nuevo paso adelante en el desarrollo de los proyectos sociales de la Institución, con la autorización de todos los partidos políticos representados para destinar 16,5M€, por una parte a la incorporación temporal al mercado laboral de personas desempleadas de larga duración y, por otra, a la financiación de vivienda protegida en la localidad de Los Palacios y Villafranca.

Además, en la sesión plenaria la Diputación se ha posicionado a favor de la defensa de los derechos de las personas LGTBI con motivo de la celebración el próximo sábado 28 del Día Internacional del Orgullo, a través de un proposición conjunta del PSOE, PP y CON ANDALUCÍA, a la que no se ha sumado VOX.

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PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO TEMPORAL

El Gobierno provincial ha llevado al Plenario la Convocatoria del Programa para la Prevención de la Exclusión Social a través del Empleo Temporal 2026, que permitirá que los recursos financieros de la Diputación lleguen a los ayuntamientos y, a través de ellos, a las personas que por diferentes circunstancias llevan tiempo desempleadas y que requieren de una contratación, aunque sea temporal, que les reincorpore al mercado laboral.

“Hemos aprobado una subvención de 12M€, que va a llegar a todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Sevilla para activar programas de contratación para aquellas personas que socialmente estén más desfavorecidas”, ha dicho el presidente Javier Fernández. “Apostar por el equilibrio significa también apostar por lo social y ahí la Diputación siempre va a estar al lado de los pueblos y al lado de la gente que más nos necesita”.

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Como ha matizado la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, las Bases reguladoras y el presupuesto ya habían sido objeto de aprobación en anteriores sesiones plenarias y en la de hoy lo que se produce es el acto administrativo, necesario por la cuantía total de la subvención, para que la convocatoria salga adelante y que los ayuntamientos sevillanos puedan comenzar a tramitar ayudas que resultan esenciales para muchas familias de la provincia en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

El programa parte de la máxima de que el empleo es la mejor herramienta para prevenir situaciones de exclusión social. Se busca devolver la dignidad a la ciudadanía en situación de desempleo y beneficiar a la comunidad con trabajos no estructurales prestados en el municipio. Se trata, en palabras de Fuentes, “de seguir ofreciendo oportunidades a las sevillanas y los sevillanos”.

Los destinatarios de estas ayudas son todos los municipios y entidades locales autónomas de la provincia, garantizando así que ninguna persona de ningún territorio quede atrás. Los ayuntamientos cuentan con autonomía para desarrollar estas actividades dentro del marco normativo establecido y cuentan con el apoyo técnico de la Diputación y con todas las garantías jurídicas que exige la legislación vigente.

50 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

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El Plenario provincial ha aprobado también la concertación de una operación de crédito a largo plazo, mediante préstamos al promotor con garantía hipotecaria por importe máximo de 4,5M€, para la financiación de la promoción de cincuenta viviendas protegidas de régimen general, promovidas por Sevilla Activa en Los Palacios y Villafranca.

El acuerdo entre el presidente de la Diputación y el alcalde palaciego para regular la cesión del suelo y poner en marcha esta actuación se firmaba a principios de marzo pasado y Javier Fernández abogaba entonces por ofrecer alternativas a “ese sector de la población desplazado dentro del mercado inmobiliario por sus altos precios”. “Es necesario meter dinero público para abaratar los precios, hay que considerar a la vivienda como un equipamiento”.

Las viviendas se ubican en la pedanía de Los Chapatales. Se trata de 2 viviendas de una planta con 2 dormitorios (adaptadas), y 48 viviendas de dos plantas, con 3 dormitorios. La adjudicación se realizará mediante sorteo público entre los peticionarios, conforme a los siguientes cupos: 2 viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida; 5 viviendas para situaciones específicas (víctimas violencia de género, personas dependientes o con otras capacidades, emigrantes retornados); 33 viviendas para jóvenes menores de 35 años; y 10 viviendas de cupo general.

Los precios son de casi 76.000 euros para las dos viviendas adaptadas (73,3 m² útiles con cocina, salón-comedor, dos dormitorios y baño distribuidos en una planta), y algo más de 91.000 euros para las 48 restantes (88 m2 entre cocina, salón-comedor, tres dormitorios, aseo y baño, distribuidos en dos plantas), en ambos casos habría que añadir al precio el IVA correspondiente.

Como marca la Ley de Vivienda de Andalucía, para ser beneficiario de una de estas viviendas debe acreditarse disponer de recursos económicos para llevar una vida independiente con un grado adecuado de autonomía.

MUNICIPIOS SEVILLANOS SEGUROS PARA CADA PROYECTO DE VIDA

En el apartado de las proposiciones de los grupos políticos, PSOE, PP y CON ANDALUCÍA han refrendado el compromiso de la Diputación con la la comunidad LGTBI de la provincia y “la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación”. En definitiva, se trata de abogar porque “los pueblos y ciudades sevillanos deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida”.

En esta línea, la Diputación pone el foco en “el papel fundamental que desempeñan las entidades locales en la promoción de entornos seguros y respetuosos, en los que la diversidad es valorada” y se reafirma en el impulso de políticas públicas que “fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos y fortalezcan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, en el diseño de dichas políticas”.

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