La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-ley 7/2026, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para el fomento de los usos silvopastorales del monte para la prevención de incendios forestales en Andalucía.
La encargada de su defensa ha sido la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en funciones, Catalina García, que ha afirmado que «se trata de una norma estratégica orientada a reforzar la prevención de incendios forestales, impulsar la gestión sostenible del territorio y respaldar al sector de la ganadería extensiva». En este sentido, ha justificado su aprobación «porque estos primeros meses de 2026 han estado marcados por una intensa inestabilidad meteorológica, con episodios de fuertes precipitaciones en los meses de enero y febrero, como las provocadas por el tren de borrascas, que dejaron entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Andalucía, a lo que ha seguido un aumento brusco de temperaturas en primavera».
Según ha señalado la consejera en funciones, «estos cambios bruscos en el clima han tenido como consecuencia, desde el punto de vista forestal, una proliferación masiva de pastos y biomasa vegetal, lo que incrementa notablemente el riesgo de incendios e incrementa la dificultad para extinguirlos de producirse». «Tenemos más combustible vegetal susceptible de arder», ha comentado, para añadir a continuación que, «ante esta realidad, debemos actuar con rapidez, responsabilidad y utilizando todas las herramientas disponibles».
El decreto ley establece un conjunto de medidas urgentes y de aplicación directa, entre las que destaca la bonificación del 100% del importe de las liquidaciones correspondientes a los aprovechamientos de pastos en montes públicos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, durante un año desde la entrada en vigor de la norma, los adjudicatarios de estos aprovechamientos quedarán exentos del pago, con el objetivo de incentivar el pastoreo de forma inmediata y aumentar la presencia de ganado en el territorio.
Junto a esta bonificación, contempla que los futuros pliegos para la enajenación de aprovechamientos de pastos en montes públicos deberán incorporar criterios de valoración de carácter ambiental, especialmente aquellos relacionados con la contribución efectiva de la actividad ganadera a la prevención de incendios forestales. De este modo, se refuerza el enfoque ambiental de la gestión forestal y se reconoce el pastoreo como un servicio ecosistémico de interés general.
Garantías para un pastoreo efectivo
De la misma forma, el decreto ley rige la obligación de asegurar la utilización real de las superficies adjudicadas, garantizando el impacto práctico de la medida, de tal manera que se configura un modelo que combina incentivo económico, gestión forestal responsable y orientación ambiental, reconociendo el papel clave de ganaderos y pastores como aliados en la protección del monte.
Durante su intervención, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha enmarcado la norma dentro de las grandes prioridades del Gobierno andaluz, «entre las que se encuentran la protección de los montes, la lucha contra el cambio climático, la reducción del riesgo de incendios forestales y el fortalecimiento del medio rural».
En este contexto, ha defendido el uso silvopastoral como «una herramienta histórica, eficaz y sostenible, profundamente vinculada al territorio andaluz», subrayando que el pastoreo controlado «aporta, sin lugar a duda, beneficios directos en la prevención de incendios, ya que reduce la carga de combustible vegetal de una manera natural y genera discontinuidades en las masas forestales y, por lo tanto, limita la propagación del fuego, a la vez que contribuye al mantenimiento de los cortafuegos». «Además -ha agregado-, refuerza la vigilancia gracias a la presencia humana en el territorio».
También, la consejera en funciones ha aseverado que el pastoreo «aporta beneficios ambientales y sociales adicionales, como el fomento de la biodiversidad, la mejora de los suelos, la reducción de la erosión, la conservación de razas autóctonas, la promoción de productos de calidad y la fijación de población en zonas rurales«, poniendo de relieve que, «cuando hablamos de usos silvopastorales, no hablamos solo de una medida forestal, sino de sostenibilidad, economía rural y cohesión territorial».
Catalina García ha resaltado que el decreto ley se alinea con una estrategia más amplia basada en una política forestal ambiciosa y coherente, cuyos principales hitos son el Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030; la Ley de Montes de Andalucía, que sitúa la prevención de incendios como eje central de la gestión, y la Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva, que reconoce el papel del sector en la sostenibilidad territorial.
«Esta normativa refuerza el enfoque integral de la Junta -ha interpretado-, que entiende que la prevención no se limita a la extinción, sino que exige actuar previamente mediante la ordenación del territorio, la gestión forestal y la reducción del combustible vegetal», y así, ha puesto en valor «el esfuerzo sostenido de Andalucía en materia de prevención y lucha contra incendios», con una inversión media de 300 millones de euros anuales destinada a estas políticas y al desarrollo rural, así como la incorporación de tecnologías avanzadas para mejorar la gestión preventiva.
Apoyo al medio rural
En el transcurso de su intervención en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, la consejera en funciones ha hecho hincapié en el importante componente social del decreto, destacando que el medio rural no puede quedar al margen de la política ambiental. Así, advirtiendo de que la ganadería extensiva atraviesa dificultades relevantes, como el aumento de costes, la competencia exterior o la falta de relevo generacional, no ha dudado en confirmar que «sigue jugando un papel fundamental en nuestros montes». Por ello, ha valorado que la norma conlleve «un respaldo económico directo al sector, un reconocimiento a su servicio ambiental, el impulso a la fijación de población al territorio y una apuesta clara y firme por el relevo generacional».
Asimismo, Catalina García ha puesto de manifiesto que Andalucía se enfrenta a una campaña de incendios «especialmente compleja», con condiciones que anticipan un verano de alto riesgo, como ya ha venido señalando en distintas intervenciones públicas. En este punto, ha insistido en que «la mejor política es la prevención», y en la necesidad de sumar todos los recursos disponibles, desde los dispositivos técnicos hasta la colaboración ciudadana.