El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio por la que se aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida de Andalucía para el periodo 2026-2028, que permitirá organizar y priorizar las actuaciones de control sobre este parque residencial y garantizar el cumplimiento de las condiciones asociadas a este tipo de viviendas.
Actualmente, Andalucía cuenta con 216.482 viviendas protegidas calificadas definitivamente entre 1996 y 2025, un amplio parque residencial cuya dimensión y dispersión territorial requieren una planificación específica de las actuaciones inspectoras para comprobar que los inmuebles mantienen el uso y las condiciones establecidos durante su periodo de protección.
El nuevo plan establecerá como ámbitos prioritarios las actuaciones destinadas a evitar la desocupación de viviendas protegidas, garantizar que accedan a ellas personas que cumplan los requisitos legalmente establecidos y detectar posibles incumplimientos relacionados con su utilización. Entre las líneas de actuación se incluye también la detección de viviendas protegidas explotadas como alojamientos turísticos, así como la investigación de posibles operaciones de compraventa o alquiler en las que se estén aplicando precios superiores a los máximos autorizados.
La planificación permitirá seleccionar las actuaciones inspectoras mediante criterios objetivos de carácter sectorial, territorial y cuantitativo, así como establecer un orden de prioridades para determinar los ámbitos, objetivos, inmuebles y viviendas sobre los que se desarrollarán las inspecciones. En este sentido, el nuevo instrumento parte de la experiencia acumulada en anteriores programas de inspección y adapta sus prioridades al marco establecido por la Ley de Vivienda de Andalucía de 2025 y a las nuevas vías disponibles para detectar posibles infracciones.
Así, el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 incorpora mecanismos de seguimiento para evaluar su ejecución, ya que cada año se elaborará un informe destinado a comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y detectar posibles incidencias, mientras que al término de su vigencia se realizará una evaluación general de los resultados obtenidos.
El plan, que tendrá una vigencia de dos años desde su aprobación y podrá prorrogarse durante una anualidad adicional, se enmarca en las competencias de inspección y control atribuidas a la Junta de Andalucía en la Ley de Vivienda de Andalucía, que establece que la actividad inspectora debe desarrollarse de forma planificada y programada.