Los defensores del Pueblo han aprobado, en el marco de las XXXIX Jornadas de Coordinación celebradas en La Palma, un decálogo con conclusiones que contribuirían a promover medidas que conviertan “en efectivo el derecho de la ciudadanía al disfrute de una vivienda digna y adecuada”.
Los defensores —entre ellos el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu— señalan que el problema del acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y consideran que debe ser “objeto de una especial y destacada atención e impulso por parte de las administraciones públicas con competencias en su regulación y satisfacción”.
Así, reclaman a las administraciones impulsar “las reformas legales que resulten precisas” y ejecutar “con firmeza políticas públicas idóneas para convertir en real el derecho a la vivienda”.
Proponen, para ello, dotar de fondos suficientes a la política de vivienda para poder crear y mantener “un parque público de vivienda con el que equipararnos a la realidad de los países de la Unión Europea”.
Recuerdan también los defensores que la vivienda “es un derecho de las personas, que responde a una necesidad básica y está llamado a desempeñar un papel trascendental en términos sociales”. Y apuntan que poseer “una vivienda adecuada y asequible protege frente a las situaciones de pobreza y actúa como un elemento decisivo a la hora de evitar que las personas se vean abocadas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social; situaciones que la realidad nos muestra que, una vez producidas, son tremendamente difíciles de revertir”.
Entre las medidas incluidas en el decálogo de las conclusiones de las Jornadas que hoy se clausuran en La Palma se aboga por un incremento del parque de vivienda social y protegida; una actualización de los planes urbanísticos en función de las nuevas necesidades de vivienda derivadas del aumento de población; un aumento de la dotación presupuestaria; ayudas al alquiler de vivienda; supervisión y control de las actividades de alquiler de viviendas de uso turístico, y simplificar la normativa prestando una atención prioritaria a personas en situación de elevada vulnerabilidad.
En las Jornadas han participado, además, del Defensor del Pueblo andaluz, el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; la Valedora do Pobo de Galicia, Dolores Fernández; la Diputada del Común de Canarias, Dolores Padrón: la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno -representada por su Gabinete-; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; el Defensor del Pueblo de Navarra/Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, y el Ararteko del País Vasco, Mikel Mancisidor.
Además, se ha contado con intervenciones de catedráticos y profesores de universidad; trabajadores sociales y activistas por la vivienda; ingenieros; arquitectos; psiquiatras y psicopedagogos; representantes del Tercer Sector; representantes de las administraciones públicas; técnicos de las diferentes defensorías, y un grupo de menores —invitados por las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco— que ofrecieron su visión acerca del asunto monográfico de las Jornadas.