El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo por la que se amplía en 8,4 millones de euros el crédito destinado a la convocatoria de 2026 del programa Empleo y Formación, cuyo presupuesto total pasa de los 108,1 millones inicialmente previstos a 116,5 millones de euros. Esta ampliación se destinará a proyectos presentados por entidades públicas de Andalucía dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas mediante la combinación de formación y práctica profesional.
La resolución publicada en el BOJA (https://lajunta.es/6fc4h) recoge que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 11 de septiembre, se han recibido 639 peticiones por un importe superior a los 232 millones de euros, una cantidad que supera el presupuesto inicialmente disponible. De ellas, 595 solicitudes corresponden a entidades públicas, mientras que las 44 restantes han sido presentadas por entidades sin ánimo de lucro.
La ampliación de crédito se distribuye entre seis provincias andaluzas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras Cádiz y Huelva mantienen las dotaciones inicialmente previstas, al no estimarse necesaria una financiación adicional tras el estudio preliminar de las solicitudes presentadas.
Con esta modificación, el presupuesto destinado a los proyectos de Empleo y Formación de entidades públicas se eleva hasta los 112 millones de euros, una ampliación que se financia con fondos de la Administración General del Estado y se realiza con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través de los créditos consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Esta ampliación estaba contemplada en la convocatoria inicial, publicada el pasado mes de julio, por lo que no supone la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni modifica los plazos establecidos para su resolución.
Contratación y formación durante un año
El programa Empleo y Formación contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de 12 meses por las entidades, que son además las encargadas de definir y presentar sus propios proyectos. Las personas beneficiarias percibirán el salario correspondiente al trabajo efectivo realizado.
Las entidades públicas pueden presentar solicitudes en función de su tamaño poblacional. Así, se establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar máximo dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más de 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis. En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos.
Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social. En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.
Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen. Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.
El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado profesional, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de alumnado participante será de diez.