La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han alcanzado un acuerdo para resolver las discrepancias competenciales planteadas respecto a determinados preceptos de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, después del proceso de negociación desarrollado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones. Así lo ha anunciado la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en el transcurso de su intervención en un desayuno informativo de Ideal en Granada.
El acuerdo permite dar por concluida la controversia planteada en torno a la norma andaluza sin judicializarla mediante un recurso al Tribunal Constitucional, unas diferencias que, como defendió la Junta de Andalucía desde el inicio del procedimiento, se circunscriben a cuestiones de carácter técnico y de adecuación a la normativa básica estatal, y no afectan a los pilares ni a los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda de Andalucía.
Rocío Díaz ha valorado el entendimiento alcanzado y ha destacado que «el diálogo entre administraciones ha permitido resolver las discrepancias sin cuestionar el modelo de vivienda que Andalucía ha puesto en marcha para aumentar la oferta, facilitar el acceso a una vivienda asequible y ofrecer seguridad jurídica».
Díaz ha recordado que la Junta manifestó desde el primer momento su confianza en que las cuestiones planteadas por el Gobierno de España pudieran resolverse mediante el diálogo institucional. En este sentido, ha señalado que «defendimos que la Ley de Vivienda de Andalucía se había elaborado con rigor, con una amplia participación del sector y con el respaldo de nuestros servicios jurídicos, y entendíamos que existía margen suficiente para encontrar una solución». Además, ha añadido que «ese acuerdo ha sido posible y permite seguir desarrollando nuestra política de vivienda con seguridad jurídica».
Ajustes técnicos
El acuerdo alcanzado contempla distintas soluciones en función de la naturaleza de las discrepancias planteadas. En materia de colaboración público-privada, ambas administraciones acuerdan interpretar y aplicar los preceptos afectados de conformidad con la normativa básica estatal en materia de contratación pública y régimen jurídico del sector público sin que sea necesario modificar la ley.
La Junta promoverá también una modificación puntual de la ley en relación con la exigencia para el archivo registral del libro del edificio y del certificado energético, de modo que su regulación se adapte a lo establecido por la normativa estatal y la Ley Hipotecaria.
Sobre las comunidades de propietarios, se establece que la aplicación de la norma andaluza deberá realizarse de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que el acuerdo previo de la comunidad para adoptar modificaciones de la división horizontal solo será exigible en aquellos supuestos en que así lo determine la normativa estatal.
Por último, en cuanto al Registro de Agentes Inmobiliarios Especializados del Sector Residencial de Andalucía, la Junta promoverá los ajustes legislativos necesarios para eliminar la inscripción obligatoria como requisito para acceder a la actividad, y adecuar su regulación a los principios de proporcionalidad y unidad de mercado. Asimismo, se precisará el carácter alternativo de los requisitos establecidos y la aplicación de la normativa estatal en materia de colegiación.
La consejera ha explicado que «hablamos de ajustes concretos que aportan claridad y seguridad jurídica, no de alterar la política de vivienda de Andalucía».
Una ley para aumentar la oferta de vivienda
La Ley de Vivienda de Andalucía entró en vigor el pasado 24 de enero con el objetivo prioritario de aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible, facilitar la disponibilidad de suelo, impulsar la rehabilitación, reducir las cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica.
Díaz ha precisado que el acuerdo alcanzado permite concentrar los esfuerzos de ambas administraciones en «lo verdaderamente importante, que es responder al problema de acceso a la vivienda». Así, ha señalado que «cuando existe una solución mediante el diálogo, nuestra responsabilidad es alcanzarla, porque Andalucía defenderá siempre sus competencias, pero también ejercerá la lealtad institucional cuando el acuerdo sea posible y beneficie a los ciudadanos».
De esta forma, la consejera de Vivienda ha asegurado que «los andaluces no necesitan conflictos administrativos que puedan resolverse mediante el diálogo, sino administraciones centradas en facilitar que haya más viviendas y que éstas sean accesibles para las familias y los jóvenes».