El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto para la mejora del funcionamiento del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente en la enseñanza no universitaria. Esta norma, que da cumplimiento a una de las medidas del acuerdo suscrito entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT, tiene como objetivo prioritario liberar de cargas burocráticas al personal docente mediante la reordenación, simplificación y automatización de los procedimientos habituales de los centros.
De este modo, la norma busca facilitar el ejercicio diario de la enseñanza para que el profesorado pueda centrar sus esfuerzos en la planificación pedagógica y en brindar una atención más directa y personalizada al alumnado. La norma se aplicará en la totalidad de los centros y servicios educativos no universitarios de Andalucía. A través de esta regulación, la Consejería de Educación maximiza la eficacia en el uso de los recursos materiales y humanos, garantizando la sostenibilidad y la calidad del sistema educativo.
La reducción de los trámites no sólo optimizará la gestión de los equipos directivos y docentes, sino que además fortalecerá las herramientas de comunicación e intercambio de información entre la Junta de Andalucía, los centros y la ciudadanía. Con ello se pretende fomentar una relación más ágil, transparente y participativa, basada en la confianza mutua y la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.
La nueva norma evita duplicidades en los documentos programáticos, reduce trámites intermedios de escaso valor añadido, flexibiliza las estructuras organizativas y refuerza la autonomía y la capacidad de autoorganización de los centros. Así, las medidas previstas incorporan mecanismos de simplificación administrativa y de agilización de los procedimientos que afectan al conjunto del sistema educativo, mediante el desarrollo de la digitalización de procesos y las reformas normativas necesarias para reducir trámites burocráticos en la organización y funcionamiento de los centros educativos y en la propia administración. Esta simplificación incide en el proyecto educativo, en las programaciones didácticas y en el procedimiento de autoevaluación, unificando los programas de refuerzo en un único procedimiento.
Respecto a la función tutorial, se delimita su contenido esencial para evitar duplicidades con los cometidos generales del profesorado, clarificando competencias y reduciendo burocracia. En el ámbito organizativo de los institutos de Educación Secundaria, se simplifica la estructura de los órganos de coordinación docente mediante la supresión de las áreas de competencia, salvo en Formación Profesional, y del departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa con carácter obligatorio.
Las horas de dedicación liberadas por esta reorganización se reasignan prioritariamente a la acción tutorial, especialmente en Bachillerato y, subsidiariamente, en las restantes enseñanzas secundarias. Esta medida persigue intensificar el seguimiento y acompañamiento del alumnado y dotar de mayor capacidad a los centros para atender las necesidades educativas y personales de los estudiantes.
Mayor autonomía a los centros y acoso escolar
El nuevo decreto otorgará una mayor autonomía a los centros docentes, que a partir de ahora podrán organizar el currículo y las materias, especialmente en Educación Primaria, para adecuarlas a las necesidades del centro. Además, se simplifica el procedimiento de autoevaluación reduciendo las cargas documentales y agilizando los plazos asociados a su desarrollo. La finalidad es favorecer una evaluación interna útil y orientada a la mejora continua, evitando que el procedimiento se convierta en una carga burocrática desproporcionada para los centros y para el personal docente.
En cuanto a la gestión directiva, otorga una mayor autonomía a los equipos directivos, una medida clave para fortalecer la capacidad de funcionamiento y liderazgo ante los retos educativos actuales. Este refuerzo resulta fundamental para optimizar los recursos disponibles y adaptar la respuesta de cada centro a las necesidades de su entorno. Este incremento de la capacidad de decisión va acompañado de un modelo de rendición de cuentas renovado, más ágil y efectivo. El nuevo procedimiento asegura la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones, optimizando los controles administrativos para hacerlos funcionales sin generar burocracia innecesaria.
En materia de convivencia escolar, el decreto incorpora una medida de especial relevancia para reforzar la protección del alumnado frente al acoso escolar. Se refuerza la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de Educación Secundaria. Esta actuación dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar el clima escolar, asegurar un entorno educativo protegido y aportar mayor seguridad jurídica a las direcciones.
Otra de las medidas destacadas es el adelanto de las evaluaciones extraordinarias al mes de junio para las enseñanzas de Artes Plásticas, Idiomas de Régimen Especial, así como en profesionales de Música y Danza, en sustitución de la tradicional convocatoria de septiembre. Esta medida garantiza que el alumnado de estas disciplinas pueda acceder a las pruebas de acceso a la universidad en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes. Además, el cambio mejora la eficiencia y coherencia del sistema educativo al ofrecer al alumnado mayores oportunidades de recuperación, orientación y preparación académica al tiempo que simplifican la organización de la labor docente.
Este adelanto permite unificar en un solo acto administrativo el proceso evaluador, integrando las calificaciones ordinarias y extraordinarias en un mismo periodo. Con ello se aporta mayor coherencia a la evaluación continua, se ofrece mayor seguridad jurídica y se reducen las cargas administrativas, tanto para la Consejería de Educación como para los propios centros educativos.
Por último, se agilizan los procedimientos relacionados con la elección de los representantes de los distintos sectores en los consejos escolares. Se fomenta la utilización del voto telemático, se flexibiliza la constitución y funcionamiento de las mesas electorales y se elimina la obligatoriedad de la celebración del claustro para la selección de los representantes del profesorado que correspondan a este órgano. Con estas medidas se pretende facilitar la participación de la comunidad educativa, simplificando al mismo tiempo las actuaciones administrativas vinculadas a los procesos electorales.