Un total de 619 solicitudes de arbitraje y 147 laudos dictados resumen la actividad registrada en 2025 por la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla, según su Memoria de Actividades. El volumen de solicitudes crece en 142 respecto a 2024, lo que supone un incremento cercano al 30%.
Este órgano de la Diputación de Sevilla gestiona en la provincia el Sistema Arbitral de Consumo, una vía extrajudicial para resolver conflictos entre personas consumidoras y empresas, en una estrecha colaboración con Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), asociaciones de consumidores y empresarios.
De las solicitudes de arbitraje tramitadas en 2025, un total de 578 se registraron a lo largo del ejercicio y la mayor parte procedieron de organismos públicos (421), seguidas de las presentadas por personas consumidoras y usuarias (132) y por asociaciones de consumidores (25). Por sectores, las reclamaciones se concentraron principalmente en el ámbito del suministro eléctrico, con 154 solicitudes, seguido de la telefonía móvil (50), la venta de electrodomésticos (28), las compras online (22) y los servicios de internet (19).
GRATUITO, VOLUNTARIO Y VINCULANTE
Para iniciar el proceso, el interesado debe haber intentando resolver la disputa de manera directa con la empresa involucrada mediante el servicio de atención al cliente y con una reclamación formal. Si el resultado no es satisfactorio, puede solicitar este arbitraje, rellenando la solicitud prevista y adjuntando la documentación pertinente.
El arbitraje de consumo es un procedimiento voluntario, gratuito y vinculante que permite resolver controversias sin necesidad de acudir a los tribunales. Regulado por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, se basa en la intervención de un órgano arbitral que dicta un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes.
El procedimiento se inicia a instancia de la persona consumidora o usuaria. Tras su admisión, se da traslado a la empresa para que pueda aceptar el arbitraje o presentar alegaciones. Antes de la resolución, se contempla una fase de mediación previa orientada a facilitar un acuerdo.
Si no se alcanza dicho acuerdo, el conflicto se somete a la decisión de un árbitro único o de un colegio arbitral, en función de la cuantía o complejidad del asunto. La Junta Provincial Arbitral de Consumo dispone de sistema de videoconferencias, para la celebración de colegios arbitrales y evitar que el ciudadano tenga que desplazarse hasta Sevilla.
Durante 2025 se dictaron 147 laudos. La mayoría se resolvieron por unanimidad (112), mientras que 33 lo hicieron por acuerdo entre las partes. En cuanto al sentido de las resoluciones, 53 fueron estimatorias totales, 22 parciales y 24 desestimatorias. El resto se resolvió por conciliatorio.
Uno de los rasgos del sistema es su rapidez. Así, 129 laudos se emitieron en menos de un mes desde su admisión y en ningún caso se superaron los dos meses de tramitación. Por sectores, los laudos se concentraron principalmente en el ámbito de la electricidad (42), la telefonía móvil (31), los servicios proveedores de internet (12) y el suministro de agua (10).
MEDIACIÓN PREVIA
El sistema incluye también la mediación como fase previa al arbitraje. En 2025 se iniciaron 14 procedimientos de mediación, de los que 9 llegaron a celebrarse y más de la mitad concluyeron con acuerdo entre las partes.
El grado de implantación del sistema se refleja también en el número de empresas adheridas, que alcanzó las 810 al cierre del año, nueve más que en 2024.
La Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla está adscrita al Área de Cultura y Ciudadanía, que dirige el diputado Casimiro Fernández, con Carolina Morales como directora general. El órgano tiene su sede en la Casa de la Provincia y está presidido por Lourdes Romero, subdirectora de Empleado Público de la Diputación, con Juan Ángel Giménez como secretario.
En octubre de 2025 se renovó el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Junta de Andalucía, adaptándose a los nuevos requisitos establecidos por la normativa europea.
El Sistema Arbitral de Consumo se configura así como una herramienta de resolución de conflictos que ofrece a la ciudadanía una alternativa rápida, eficaz y accesible en materia de consumo y que se consolida cada año.
Con datos del último trienio (2023-2025), 1.478 consumidores han confiado en el mismo, presentando una solicitud de arbitraje. De ellas, 167 se ha resuelto a través de la mediación, por acuerdo de solución entre las partes, con intervención de una mediadora que orienta y asiste para alcanzar el acuerdo o, en algunos casos, sin necesidad de intervención.
A través de colegios arbitrales y con representación de ambas partes, se han resuelto 225 reclamaciones en el mismo periodo, con emisión de laudos vinculantes y con fuerza de ley.