La licitación de la rehabilitación y ampliación de la sede judicial de Villacarrillo (Jaén) se ha publicado en el perfil del contratante de la Junta (https://lajunta.es/6dox1), unas obras con un coste de 5.685.582,63 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de abril para presentar ofertas a través del portal de licitación electrónica SIREC (https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action).
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, y los operadores jurídicos de la localidad para informarles de esta publicación, que permitirá reformar la casona del siglo XIX de la calle Feria que hasta 2010 albergó los juzgados. Ese año fueron trasladados por el mal estado del edificio a un local cedido por el Ayuntamiento en un mercado de abastos, donde permanecen desde entonces.
Nieto ha lamentado que ese traslado provisional se haya prolongado tanto tiempo ya que, pese a existir un proyecto de rehabilitación que no se puso en marcha y que la pasada legislatura ya fue retomado para acabar con esa «disfunción» y dotar a los profesionales y vecinos de la comarca de La Loma de una sede judicial adaptada a las necesidades actuales, además de contribuir a la conservación del patrimonio municipal con la recuperación de un edificio histórico.
El proyecto inicial se había quedado obsoleto por lo que se encargó su actualización, garantizando la preservación de la fachada original del edificio y la funcionalidad del interior para prestar un servicio de Justicia del siglo XXI a los 52.000 vecinos de los 21 municipios que conforman el partido judicial.
Nieto ha explicado las múltiples vicisitudes que han retrasado el proceso «en el que llevamos trabajando mucho tiempo». El contrato inicial para la redacción tuvo que ser rescindido por el incumplimiento de los plazos y en 2024 se encargó a Tragsatec. Mientras la empresa pública trabajaba ya en el diseño, el Ministerio de Justicia aprobó el año pasado la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha obligado a adaptarlo al nuevo modelo de tribunales de instancia.
Con esta nueva estructura fijada en la ley -que en Villacarrillo entró en vigor el pasado julio- los dos juzgados mixtos del partido judicial funcionan ahora como un único tribunal de instancia con dos jueces y los 16 funcionarios que conforman la plantilla trabajan en secciones y servicios comunes. Una «reordenación difícil» en las instalaciones actuales, donde cuentan con 829 metros cuadrados.
Nieto ha recordado que la Junta y el TSJA han solicitado al Ministerio de Justicia la creación de una tercera plaza que permita contar con una sección especializada en Violencia sobre la Mujer (ahora estos asuntos los asume una de las dos unidades judiciales con el resto de causas). Por ello el proyecto prevé ampliar la superficie útil del edificio y contar con espacio suficiente para asumir ese incremento en caso de que el Ministerio decida crearla.
Así, la reforma permitirá disponer en total de 2.445 metros cuadrados repartidos en dos plantas bajo rasante, planta baja y otras dos plantas en altura. En las dos plantas de sótano se ubicarán todos los espacios de servicios, mantenimiento, archivos y zona de detenidos. La planta baja acogerá los espacios más públicos como las salas de vista (una de ellas compatible para la celebración de bodas), salas de espera, clínica médico forense o Juzgado de Guardia.
En la planta primera se habilitará los despachos para los jueces, los letrados de la Administración de Justicia y la Fiscalía, así como la zona de trabajo de los funcionarios. En esta planta tendrán también su espacio los colegios profesionales y los servicios de mediación que se han incorporado en los últimos años a la Administración de Justicia en Andalucía.
La segunda planta quedará acondicionada para nuevas plazas judiciales, con equipamientos como Salas Gesell que permiten grabar la declaración de víctimas especialmente vulnerables, como las mujeres que sufren violencia de género, para su uso como prueba preconstituida en los juicios. Unas instalaciones que no existían cuando dejó de usarse el edificio y que en el local actual no ha sido posible incorporar por falta de espacio.
Con la publicación de la licitación, ha señalado Nieto, «empezamos una época en la que lo que queremos es que se concrete esa actuación, que se ejecute en el plazo previsto de 18 meses y que esta disfunción en cuanto a la calidad de la sede judicial quede resuelta».