La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado en comisión parlamentaria sobre la gestión forestal que su departamento está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma. Durante su intervención, ha destacado que entre 2024 y 2025 la Junta de Andalucía ha destinado 211 millones de euros a actuaciones de prevención y restauración de incendios forestales, una cifra que multiplica por seis la inversión realizada en prevención en 2018 y que constituye, según ha señalado, una inversión récord en esta materia.
La consejera ha enmarcado esta política en una estrategia más amplia orientada a reforzar la gestión activa de los montes andaluces, subrayando que Andalucía es una potencia forestal en la que más de la mitad del territorio tiene carácter forestal. En este contexto, ha explicado que las decisiones en política forestal influyen directamente en el equilibrio ambiental, en la protección de los suelos, en la regulación del ciclo del agua, en la captura de carbono o en el mantenimiento de la biodiversidad.
En su comparecencia, Catalina García ha defendido que el Gobierno andaluz ha apostado por abandonar una gestión basada en la inercia para avanzar hacia un modelo sustentado en la planificación estratégica. “La política forestal ha dejado de ser un ámbito administrativo secundario para convertirse en una prioridad vinculada al territorio, al desarrollo rural y a la protección ambiental”, ha afirmado.
En esta línea, ha recordado que en 2022 se creó la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, el primer órgano específico dedicado a esta materia desde el traspaso de competencias a Andalucía en los años ochenta. Además, ha señalado que la adecuación del Plan Forestal Andaluz al Horizonte 2030 ha permitido redefinir la estrategia forestal andaluza incorporando los nuevos retos derivados del cambio climático, los grandes incendios forestales o los procesos de decaimiento y seca.
La consejera ha insistido en que la prevención constituye el eje central de la política forestal actual. Tal y como ha reseñado, el cambio climático está alterando el régimen de incendios, con veranos más largos, episodios extremos más frecuentes y masas forestales sometidas a mayor estrés hídrico. Ante este escenario, el Gobierno andaluz ha decidido reforzar de forma estructural las actuaciones preventivas en el territorio.
En este sentido, ha destacado que el nuevo Plan Forestal Andaluz incorpora medidas específicas destinadas a mejorar la gestión preventiva del monte, entre ellas la creación de paisajes en mosaico, el mantenimiento de cortafuegos, la modernización de infraestructuras de defensa forestal o el uso de nuevas tecnologías para la detección y seguimiento de incendios.
La ejecución de estas medidas ya se está trasladando al territorio a través de actuaciones concretas. Así, ha puesto de relieve que en 2024 se licitaron 16 obras de tratamientos selvícolas preventivos por valor de 13,2 millones de euros, mientras que en 2025 se han sumado 13,6 millones adicionales y para 2026 están previstos entre 12 y 13 millones más destinados a este tipo de actuaciones. Actualmente, ha indicado, existen más de 30 obras de tratamientos selvícolas en ejecución en diferentes puntos del territorio andaluz. En total, el programa de prevención ha impulsado ya 50 actuaciones, de las cuales 20 se han ejecutado entre diciembre de 2025 y enero de este año, lo que refleja, a su juicio, el ritmo de ejecución alcanzado en esta materia.
“La prevención de incendios no se hace con discursos en verano, se hace durante todo el año gestionando el monte”, ha declarado la consejera, quien ha subrayado que estas actuaciones se complementan con trabajos específicos frente al decaimiento forestal en espacios como Sierra Nevada, Sierra de Baza, los Montes de Málaga o Sierra María-Los Vélez, entre otros.
Infraestructuras
Junto a las actuaciones selvícolas, la política forestal del Gobierno andaluz también ha reforzado la inversión en infraestructuras vinculadas a la prevención. Sobre ello, Catalina García ha concretado que entre finales de 2023 y mediados de 2025 se han movilizado más de 25 millones de euros para la modernización de caminos forestales, infraestructuras fundamentales tanto para la gestión del monte como para facilitar las labores de prevención y extinción de incendios.
A estas actuaciones se suma un expediente aprobado recientemente por casi 1,7 millones de euros destinado a la construcción y rehabilitación de apriscos y corrales, instalaciones que permiten impulsar el pastoreo preventivo como herramienta de gestión forestal.
La consejera ha puesto en valor el papel de la ganadería extensiva en la reducción del riesgo de incendios forestales, al contribuir a disminuir la carga de combustible vegetal en el monte. Al respecto, ha remarcado que el Plan Forestal Andaluz promueve el uso silvopastoral como herramienta de conservación y dinamización del medio rural.
Además, ha recordado que el pasado 5 de diciembre de 2025 se aprobaron las bases reguladoras de subvenciones forestales no productivas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con un presupuesto global de 44,3 millones de euros destinado a impulsar actuaciones forestales en Andalucía.
Marco normativo
La comparecencia también ha servido para destacar la reciente aprobación de la nueva Ley de Montes de Andalucía, una norma que actualiza el marco jurídico de la política forestal andaluza y adapta la gestión de los montes a los retos actuales. “La nueva ley posibilita actualizar competencias, clarificar responsabilidades y reforzar la prevención de incendios forestales”, ha manifestado la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente al tiempo que ha asegurado que esta norma integra la planificación forestal con la ordenación del territorio y reconoce por primera vez con rango legal el uso silvopastoral como estratégico en Andalucía.
La ley también introduce instrumentos destinados a impulsar la gestión forestal sostenible, fomentar la agrupación de propietarios forestales y promover la profesionalización del sector, al tiempo que refuerza la cooperación entre administraciones. Al hilo de esto último, ha añadido que el objetivo es avanzar hacia una política forestal moderna que combine conservación ambiental, prevención de riesgos y desarrollo rural. “No estamos gestionando con normas del pasado, hemos legislado pensando en el futuro de nuestros montes”, ha dicho.
Durante su intervención, Catalina García ha insistido en que el monte gestionado es un monte más resiliente frente a los efectos del cambio climático. Así, ha defendido que la actual política forestal andaluza conecta la protección del patrimonio natural con la generación de oportunidades económicas vinculadas a la bioeconomía forestal. “La gestión activa del monte es la mejor garantía para conservar nuestros sistemas forestales y proteger el territorio”, ha aseverado la consejera, quien ha hecho hincapié en que Andalucía cuenta hoy con una hoja de ruta clara, instrumentos normativos actualizados y un respaldo presupuestario sin precedentes para afrontar los desafíos que afectan al medio forestal andaluz.