El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, han mantenido hoy una jornada de trabajo centrada en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la necesidad de mejorar la respuesta de las administraciones ante problemas que afectan de manera directa a la vida cotidiana, especialmente en ámbitos como sanidad, dependencia, vivienda, educación y convivencia urbana.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, Maeztu ha subrayado el papel de la Defensoría como institución garante, imparcial e independiente, “sin colores; con causas”, y ha reafirmado su compromiso con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, ha insistido en la importancia de escuchar, acompañar y proteger a las personas que “se quedan atrás”, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a quienes afrontan dificultades para acceder a derechos básicos. Asimismo, ha recordado que, durante la jornada de hoy, la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz atiende presencialmente en San Fernando, en horario de mañana y tarde, en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León.
Maeztu ha puesto de relieve poner el foco en la infancia y la adolescencia, destacando la sensibilidad social y la capacidad de integración de la juventud isleña. En el marco de esta visita, el Defensor ha hecho entrega en San Fernando de uno de los accésit de los XVIII Premios de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía “Así veo mis derechos” al Instituto Santi Petri. Para el Defensor, la adolescencia “no es solo futuro: es presente”, y requiere una respuesta decidida ante retos como el acoso escolar, el ciberacoso y el suicidio.
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha calificado de “inaceptable” que la ciudadanía tenga que esperar años para acceder a ayudas al alquiler o para obtener una valoración de dependencia, al tiempo que ha alertado del “limbo jurídico” que pueden sufrir las personas con discapacidad mientras esperan el reconocimiento oficial de su grado, lo que limita su acceso a prestaciones y derechos.
En su intervención, Maeztu ha defendido el valor de la mediación como herramienta práctica: la labor de la institución —ha señalado— no se reduce a identificar disfunciones, sino que trabaja para proponer soluciones concretas y colaborar con los ayuntamientos en el desbloqueo de problemas vinculados a salud, vivienda y servicios sociales. También se ha referido a cuestiones de convivencia urbana, como la recuperación del espacio público y el derecho al descanso frente al ruido y la proliferación de veladores.
Por su parte la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha agradecido la visita institucional del Defensor del Pueblo Andaluz y el encuentro mantenido para trabajar en favor de la ciudadanía, destacando la importancia de abordar de manera conjunta los problemas que afectan a San Fernando.
La regidora ha trasladado su preocupación por el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, especialmente en sanidad y dependencia, denunciando los retrasos en intervenciones y en la resolución de expedientes que repercuten directamente en las familias. En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento ha remunicipalizado el servicio de ayuda a domicilio para dignificar las condiciones laborales y reforzar la gestión pública.
Asimismo, Cavada ha señalado la necesidad de una mayor inversión en la educación pública, advirtiendo de la obsolescencia de muchos centros educativos en ciudades como San Fernando, y ha reclamado una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública, destacando la promoción municipal de 81 viviendas en alquiler como ejemplo del compromiso del Ayuntamiento.
La alcaldesa ha subrayado que estos problemas, aunque generales, tienen un impacto directo en los vecinos y vecinas, reiterando su voluntad de seguir trabajando con el Defensor del Pueblo Andaluz y otras administraciones para ofrecer soluciones eficaces.