El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la formación sanitaria especializada en Medicina Legal y Forense en Andalucía, mediante la participación de unidades docentes acreditadas del sistema sanitario público andaluz. El acuerdo permitirá que los profesionales en formación completen su programa con rotaciones en dispositivos asistenciales del SAS, favoreciendo una preparación más integral y alineada con las necesidades actuales del sistema.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que “este convenio refuerza la colaboración entre ámbitos clave del servicio público y demuestra que la formación sanitaria especializada es una inversión estratégica para garantizar profesionales mejor preparados y una atención más coordinada y de mayor calidad”. En esta línea, ha subrayado que “integrar a los futuros especialistas en Medicina Legal y Forense en el sistema sanitario público andaluz contribuye a un modelo más previsible, coordinado y basado en el conocimiento, donde la formación es una palanca esencial para seguir avanzando”.
Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado que “la medicina legal y forense desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, y este acuerdo permitirá formar a especialistas con una visión más completa y conectada con la realidad asistencial”. Nieto ha recordado el importante trabajo que realizan estos profesionales cuyos informes de autopsias o periciales “son esenciales en casos de violencia de género, en el esclarecimiento de crímenes, sin olvidar la inmensa labor en catástrofes como la que hemos vivido recientemente con el accidente ferroviario de Adamuz“, en el que 27 forenses de seis provincias andaluzas fueron movilizados para la identificación y autopsia de las víctimas mortales “en un tiempo récord”.
Al acto de firma también han asistido Nicolás Navarro, viceconsejero de Sanidad, Ana Corredera, viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Valle García, gerente del Servicio Andaluz de Salud, Rosalía Espinosa, secretaria general de Servicios Judiciales, Carmen Álvarez, coordinadora de los institutos de medicina legal de Andalucía, y Esperanza López, directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga.
El convenio establece el marco de cooperación entre ambas instituciones para facilitar que los residentes roten por unidades docentes acreditadas del SAS, que garantizará la adecuada supervisión y evaluación durante el periodo formativo, así como el acceso a programas de formación para tutores. Por su parte, la Consejería de Justicia promoverá la acreditación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como unidades docentes y asumirá las retribuciones de los residentes, sin que el acuerdo suponga obligaciones económicas para el sistema sanitario público andaluz.
De hecho, el Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Málaga ha obtenido la acreditación del Ministerio de Sanidad como unidad docente, contando con dispositivos tanto en Málaga como en Granada para la formación de médicos especialistas en Medicina Legal y Forense. Esto ha permitido que la convocatoria MIR de 2026 incluya, por primera vez, dos plazas para cursar esta especialidad en Andalucía. Los residentes desarrollarán un itinerario formativo de cuatro años, combinando la actividad en centros hospitalarios y extrahospitalarios del SAS con su participación en los IMLCF de Málaga y Granada.
La creación de esta unidad docente responde a la creciente demanda de especialistas en esta disciplina y a la necesidad de favorecer el relevo generacional de los profesionales forenses. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscritos a la Consejería de Justicia, prestan auxilio a los órganos judiciales mediante la realización de pruebas periciales médicas tanatológicas, clínicas y de laboratorio, y sumarán ahora de forma estructurada actividades de formación, docencia e investigación.
La unidad docente contará con una Comisión de Docencia encargada de la coordinación y supervisión de la formación especializada, una Jefatura de Estudios responsable de organizar las actividades docentes, tutores que guiarán el proceso de aprendizaje y evaluarán el progreso de los residentes, personal colaborador docente y un plan de gestión de la calidad docente.
La especialidad de Medicina Legal y Forense se creó en 2020 y la primera convocatoria MIR con plazas se produjo en 2022. Desde entonces, la oferta se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar 18 plazas en 2026, entre ellas, las dos correspondientes a Andalucía, que se suma así a las comunidades con centros acreditados para formar a futuros especialistas.