El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante 2025, que refleja un récord histórico de personas beneficiarias, aumento del número de prestaciones y una reducción de los tiempos de espera, que se sitúan en la menor cifra de los últimos 15 años.
Cabe destacar que la entrada en vigor del Decreto de Simplificación Administrativa ha supuesto cambios sustanciales en el procedimiento, orientados a la reducción de cargas administrativas y a una mayor agilidad en la tramitación. Aunque su implantación ha requerido una profunda reestructuración de recursos y nuevas necesidades organizativas, sus efectos se han reflejado de forma mayoritaria a lo largo de 2025, con resultados especialmente positivos, conscientes de que aún faltan cosas por hacer.
Entre las principales medidas implantadas destaca la realización de una única visita domiciliaria a la persona solicitante, en la que se obtiene toda la información necesaria tanto para la valoración del grado de dependencia como para la elaboración del Programa Individual de Atención. En coherencia con este enfoque, el procedimiento finaliza ahora con una única resolución administrativa, que reconoce simultáneamente la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones.
Asimismo, se ha llevado a cabo la unificación de los aplicativos informáticos de gestión, actualmente en fase de implantación. Este nuevo motor único de tramitación permite conocer en todo momento el estado exacto de cada expediente, desde su inicio hasta su resolución, mejorando el control y la transparencia del proceso.
En el marco de esta mejora continua, en agosto se aprobó la orden que establece determinados supuestos de tramitación preferente para garantizar una respuesta más rápida en situaciones de especial vulnerabilidad o urgencia social. Entre los colectivos con prioridad se encuentran, entre otros, los menores de hasta 14 años, las personas mayores de 90 años, las personas enfermas de ELA y aquellas en situación de cuidados paliativos. En paralelo, se ha realizado un importante esfuerzo de coordinación con las ocho provincias andaluzas, homogeneizando criterios y procedimientos a nivel regional. Esta actuación ha permitido reducir de forma significativa la brecha interterritorial existente, garantizando una atención equitativa a la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia.
Otra medida relevante ha sido la contratación temporal de personal de refuerzo para las valoraciones y la tramitación de expedientes para hacer frente a la época de transición al nuevo modelo. Como novedad en 2025, la organización, seguimiento y control de este personal se ha centralizado en los Servicios Centrales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, lo que ha incrementado notablemente el número de visitas realizadas y de resoluciones dictadas, al tiempo que ha permitido homogeneizar los tiempos de tramitación entre territorios, incluidos aquellos con mayor dispersión geográfica.
Una cuidadora atiende a un mayor en un centro.
Así, se ha reforzado la sostenibilidad del sector de los servicios sociales, mejorando su financiación. En cuanto a la de las plazas en centros residenciales y de día, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, desde 2019 el incremento acumulado alcanza el 32% de media en centros para personas con discapacidad y el 26% en centros para personas mayores. En el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el aumento de la financiación desde 2019 en el precio/hora ha sido del 28%.
Récord en beneficiarios y prestaciones
Los efectos de estas medidas se reflejan en indicadores especialmente significativos. Al cierre de 2025, el número de personas beneficiarias ascendía a 338.932, lo que supone un incremento de 42.269 personas respecto al año anterior. El volumen de prestaciones alcanzó las 523.381, con un aumento interanual de 81.140 prestaciones. Especialmente relevante es la reducción histórica de los tiempos de tramitación, que en 2025 se ha situado en una media de 496 días, frente a los 602 días de 2024, lo que supone una disminución de 106 días. El mes de diciembre de 2025 registró el tiempo medio más bajo de los últimos 15 años.
Andalucía cerró 2025 con un 80,9% de prestaciones de servicios, situándose 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Este modelo tiene un impacto directo en la dinamización económica del sector y en la creación de empleo. En relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio, Andalucía gestiona el 49,88% del total de España, atendiendo a 197.240 personas, con una intensidad media mensual superior a la media nacional tanto en Grado II como en Grado III.
Así, 2025 concluye con resultados altamente positivos, caracterizados por una mejora histórica en la eficiencia administrativa, un crecimiento sostenido de solicitudes y personas beneficiarias, un modelo centrado en los servicios y un claro liderazgo nacional en el Servicio de Ayuda a Domicilio. En conjunto, estos avances consolidan un sistema de atención a la dependencia más ágil, amplio y eficaz, orientado a garantizar derechos, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de sus familias.
De cara a 2026, la Junta de Andalucía continúa avanzando en la mejora del sistema de la dependencia con un presupuesto de 2.610,6 millones de euros, la mayor dotación de su historia. Cabe destacar el importante esfuerzo inversor del Gobierno andaluz, que aporta el 71% de los fondos para sostener el sistema frente al 29% aportado por el Gobierno central, pese a que la ley establece una cofinanciación del 50%.
Por ello, desde el Gobierno andaluz se insiste en la necesidad de que el Gobierno de España cumpla con sus obligaciones en materia de dependencia y garantice un trato equitativo entre territorios, evitando desigualdades como las derivadas del acuerdo del 50% del pago de la dependencia al País Vasco y que no aplica a Andalucía a pesar de las reiteradas peticiones desde la Junta de Andalucía.