El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado en el Pleno del Parlamento que el proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA) permitirá impulsar la ciencia como motor estratégico de desarrollo económico, social y territorial de la comunidad. Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia en el debate a la totalidad de este texto legislativo que, una vez que supere el trámite, podría ser aprobado como Ley por la Cámara andaluza la próxima primavera.
Gómez Villamandos ha explicado que este nuevo marco, que “nace del diálogo”, permitirá actualizar la anterior ley de 2007 y dotar a la comunidad de una norma ambiciosa capaz de responder a los retos de la sociedad actual. Asimismo, ha recordado que la norma es el resultado de una política pública ideada para “transformar Andalucía desde el conocimiento, la innovación y el talento”, al tiempo que ha apuntado que esa “hoja de ruta” ha permitido movilizar en esta legislatura en investigación e innovación fondos públicos por valor de más de 370 millones. “Con cada euro se contribuye a construir un futuro más competitivo”, ha apostillado.
En su intervención, el consejero de Universidad ha puesto el acento en la apuesta que hace la norma por la excelencia científica, señalando que “Andalucía necesita competir por el mejor talento y, por fin, se dota a la comunidad de las herramientas para hacerlo en igualdad de condiciones con las regiones europeas más avanzadas”. De acuerdo con el documento, se crea el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (SAIEX), con una doble estructura que se asienta, por un lado, sobre el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), que reconocerá y atraerá talento investigador de prestigio, “siguiendo modelos de éxito como ICREA en Cataluña o Ikerbasque en el País Vasco”, ha puntualizado, y, por el otro, sobre las denominadas Unidades de Excelencia de Andalucía, que distinguirán a los grupos y centros de investigación más competitivos y con mayor impacto.
Además, la Ley ACTIVA reconoce la figura del personal tecnólogo, “fundamental para trasladar los resultados de la investigación al tejido productivo”, según ha afirmado Gómez Villamandos, quien ha aclarado que “se pasa de un sistema que retiene como puede, a un sistema que reconoce, atrae y cuida el talento, sin dejar a nadie atrás y garantizando la igualdad de oportunidades”.
En este contexto, ha explicado que, en 2019, en Andalucía había solamente una estructura de investigación distinguida con los sellos de excelencia que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: las acreditaciones María de Maeztu o Severo Ochoa. Actualmente, hay seis, lo que, a su juicio, pone de manifiesto “el compromiso de este Gobierno por favorecer esa investigación de calidad, que además de partir de los grupos de investigación, también lo hace desde estructuras de un mayor tamaño, de una mayor dimensión y de una mayor coordinación”.
Gobernanza y coordinación
Por otro lado, el consejero de Universidad ha destacado que la ley supone un salto cualitativo al avanzar hacia “una gobernanza clara, compartida y liderada políticamente, capaz de alinear toda la acción pública en materia de ciencia, tecnología e innovación”. Para hacerlo posible, ha desgranado los diferentes instrumentos que se configuran, entre los que se encuentra la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación, que estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía y que coordinará todas las políticas de ciencia y tecnología del Ejecutivo autonómico.
También ha hecho alusión al Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación, órgano consultivo de reflexión y asesoramiento, donde estarán representados los principales agentes del sistema, y al Comité para la Integridad Científica de Andalucía, que velará por las buenas prácticas y la ética en la investigación.
Otro aspecto que ha querido subrayar Gómez Villamandos es la autonomía universitaria en la planificación estratégica de la investigación, en la que se respetará la “singularidad” de cada institución académica.
Reconocimiento del sistema andaluz de investigación en salud
Por primera vez, la ley andaluza de ciencia incorpora de manera expresa el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del sistema sanitario público de Andalucía, con lo que se reconoce la labor de las fundaciones de investigación biomédica, los institutos de investigación sanitaria y los centros temáticos como GENYO, “claro ejemplo de éxito en la colaboración público-privada, que han sido esenciales en los últimos años, especialmente durante la pandemia”, ha matizado.
Para el consejero de Universidad, este sistema posibilitará seguir impulsando la investigación en biomedicina, salud pública y tecnologías sanitarias. “No hablamos sólo de investigación sanitaria; también de innovación que salva vidas, mejora la atención y fortalece nuestro sistema público de salud”, ha indicado.
Asimismo, el documento crea una figura pionera en España: la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Parlamento de Andalucía, cuyo objetivo es que la evidencia científica esté presente en la toma de decisiones legislativas. Esta oficina servirá para asesorar, elaborar informes y poner el conocimiento científico al servicio de las políticas públicas, y será “un paso decisivo hacia una política basada en la evidencia, en línea con las democracias más avanzadas”, tal y como ha puntualizado.
Financiación, mecenazgo y transferencia
La nueva normativa persigue converger hacia los niveles de inversión en I+D+I de la zona euro e introduce instrumentos para atraer inversión privada, regulando el patrocinio y el mecenazgo científico. Con esa finalidad se configura el Consejo del Mecenazgo en I+D+I, que fomentará la colaboración entre el sector público y las empresas para financiar proyectos estratégicos, “teniendo en cuenta que una ciencia fuerte necesita un compromiso público sólido, pero también un ecosistema capaz de movilizar a la sociedad y al sector privado en torno al conocimiento”, ha señalado Gómez Villamandos.
De igual modo, la Ley ACTIVA dedica un título completo a la transferencia del conocimiento, para que el que se genere en las universidades y centros de investigación se convierta en innovación útil para las empresas y la sociedad. El nuevo marco impulsa, igualmente, la Compra Pública de Innovación (CPI), la ciencia abierta y la divulgación científica, y refuerza los instrumentos de conexión entre ciencia y empresa: los centros tecnológicos, los clústeres de innovación, los parques científicos y tecnológicos y las alianzas público-privadas. Además, incorpora, por primera vez, las unidades de innovación conjunta entre empresas y agentes del conocimiento como estructuras para el fomento de la innovación abierta.
Al mismo tiempo, favorece la I+D+I empresarial, dando naturaleza de agente del conocimiento a las unidades de investigación e innovación del sector productivo. Al respecto, ha afirmado que “lo deseable es que la ciencia se quede en los laboratorios sólo el tiempo imprescindible para transformarse en empleo, competitividad y bienestar”.
La internacionalización de la ciencia andaluza
En su exposición, el consejero también ha señalado que la promoción de la internacionalización de la ciencia andaluza constituye uno de los ejes que sustentan esta nueva norma, donde se fomenta la participación en proyectos europeos y la conexión con el Espacio Europeo de Investigación. Asimismo, establece programas para atraer talento internacional y facilitar el retorno del los andaluces que desarrollan su labor en el exterior. A ello se suma la puesta en marcha de una estructura en Bruselas desde la que se trabaja ya para facilitar el acceso de universidades y centros de investigación andaluces a fondos europeos y potenciar su internacionalización en I+D+I.