El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que tiene como objetivo principal reforzar la consideración y el respeto debidos al personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones, buscando un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa. El texto también busca garantizar la protección y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad, dado que el profesorado reconocido y respaldado es clave para fortalecer el prestigio de la educación y fomentar valores como el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad en el alumnado.
Así, el decreto dispone medidas concretas para garantizar la protección, el apoyo y el reconocimiento del profesorado. Así, establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones. Además, el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.
El decreto también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. En concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. Además, la Junta de Andalucía, promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.
Para proporcionar apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establece la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, dotada con perfiles profesionales especializados. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos.
Esta Unidad de Apoyo al Profesorado se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender. La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral.
El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente. De este modo, se realizarán campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea. Se establecerán las bases reguladoras de premios y distinciones educativas para reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o por la mejora de la convivencia en los centros educativos y en los planes de formación del profesorado contemplarán la mejora de la inteligencia y competencias emocionales para reforzar la autoestima y su autoridad pública.
El decreto tiene un ámbito de aplicación que, además de abarcar a los centros educativos, se aplicará también a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.