El Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) ha superado el debate de totalidad en el Pleno, por lo tanto, el texto legislativo continuará a partir de ahora su tramitación parlamentaria en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha sido la encargada de defender en la Cámara andaluza el texto de la futura norma que, a su juicio, representa una reforma profunda y necesaria de la legislación ambiental en Andalucía, ya que actualiza y moderniza un marco regulatorio que llevaba más de tres lustros sin revisarse de forma integral.
Durante su intervención, la consejera ha explicado que el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía surge como respuesta a un escenario completamente diferente al que existía cuando se aprobó la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Catalina García ha recordado que las transformaciones vividas en este tiempo han sido “extraordinarias”, tanto en lo que respecta al avance del Derecho europeo como a la evolución de la tecnología, la ciencia, la participación ciudadana y la propia demanda social de una administración ambiental más eficaz, más transparente y mejor coordinada. En este sentido, ha indicado que “la Andalucía de 2025 no puede gestionarse con una ley pensada para la Andalucía de 2007”, resaltando que la actualización normativa es imprescindible para responder con solvencia a los desafíos actuales.
La consejera ha subrayado que el texto tiene un carácter integral, moderno y coherente con el marco europeo y estatal, y establece como principio irrenunciable la protección de las personas y el medio ambiente. Por ello, ha destacado que “la ley no está concebida para rebajar exigencias, sino para hacer más eficaz y eficiente la protección ambiental”, y ha recordado que incorpora expresamente el principio de no regresión ambiental, junto al que ha señalado otros como el de prevención, precaución, sostenibilidad, proporcionalidad, el principio de ‘quien contamina paga’ y el de transparencia, pilares que definen la arquitectura general del proyecto normativo.
García ha querido subrayar el proceso de elaboración del texto, que ha calificado como “participativo, técnico y minucioso”. En esta línea, ha reseñado que el Gobierno andaluz ha integrado aportaciones de administraciones públicas, colegios profesionales, entidades sociales, empresas y agentes sociales, y ha agradecido de manera especial el trabajo realizado en el marco del Pacto de Diálogo Social, donde UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han intervenido activamente en la configuración del modelo ambiental que debe regir en la comunidad. Por este motivo, ha declarado que esta implicación “es un aval de estabilidad y fortaleza para la ley, que nace con vocación de permanencia y con una amplia legitimidad social”. También ha reconocido el papel de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FEMP) y de los equipos técnicos de su Consejería, especialmente de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, cuya labor ha descrito como “fundamental para dotar al texto de rigor jurídico y coherencia práctica”.
En su intervención, ha respondido a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, que ha considerado como muestra de rechazo al diálogo y de propuestas alternativas. Así, ha sostenido que “no se puede hablar de diálogo cuando se rechaza sin abrir el debate del articulado” y ha lamentado que la enmienda no aporte un texto alternativo ni una visión constructiva del modelo ambiental que Andalucía necesita. En este sentido, ha afirmado que su departamento seguirá abierto a mejoras durante el trámite parlamentario y ha invitado a los grupos a contribuir al texto con planteamientos que sumen y fortalezcan la futura ley.
Simplificar y modernizar la administración ambiental
La consejera de Sostenibilidad ha trasladado que el Proyecto de Ley se articula en nueve títulos y casi doscientos artículos que reorganizan de forma clara los instrumentos de prevención, evaluación y control ambiental. Por ello, ha añadido que este diseño permite evitar duplicidades, clarificar competencias, ordenar los instrumentos de intervención y facilitar el trabajo de técnicos, administraciones y operadores económicos. Además, ha resaltado que el texto prevé un periodo de transición ordenado para facilitar la adaptación desde el modelo anterior, lo que ayudará a garantizar la seguridad jurídica y la coherencia administrativa.
Entre las novedades que incorpora la norma, ha hecho hincapié en la elaboración de una planificación estratégica de referencia para Andalucía, que permitirá integrar las líneas generales de actuación en materia de medio ambiente y guiar la toma de decisiones de manera homogénea. Además, Catalina García ha puesto énfasis en la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, un órgano más moderno, representativo y participativo que sustituirá al actual consejo y favorecerá un espacio estable de reflexión, diálogo y contraste técnico entre administraciones, agentes sociales, sector económico, entidades locales y organizaciones ambientales. Al respecto, ha agregado que esta estructura “permitirá que las grandes decisiones ambientales estén respaldadas por criterios compartidos”.
Catalina García, junto a miembros de su equipo directivo, delegados territotoriales y técnicos que han participado en la elaboracion de la Legam.
Otra de las herramientas novedosas del Proyecto de Ley es el Registro de personas interesadas en los procedimientos ambientales, que facilitará una participación pública real y efectiva. Por ello, García ha asegurado que este instrumento permitirá consultar expedientes, conocer su estado de tramitación y presentar aportaciones, reforzando la transparencia y alineándose con las directivas europeas de acceso a la información ambiental. Igualmente, el proyecto impulsa una colaboración interadministrativa más ágil mediante reuniones periódicas y metodologías que permitan coordinar criterios técnicos, reducir tiempos muertos, eliminar contradicciones y mejorar la trazabilidad de los expedientes, lo que supone un avance significativo en la forma de trabajar.
La modernización tecnológica es otro pilar del proyecto. Sobre ella, la consejera ha afirmado que la administración electrónica permitirá una gestión más eficaz y transparente, mejorar la confidencialidad y la protección de datos, y facilitar la aplicación homogénea de la normativa en todo el territorio.
Reducción de plazos, mayor coordinación y seguridad jurídica
En lo que respecta a los instrumentos de prevención ambiental, ha incidido en que el proyecto regula de forma clara las autorizaciones y licencias existentes, incorporando una nueva licencia ambiental que sustituirá a la calificación ambiental municipal. De hecho, este nuevo instrumento permitirá integrar en un único procedimiento la evaluación de los efectos ambientales de una actividad, reduciendo la fragmentación normativa. De esta forma, los ayuntamientos verán reducida su carga administrativa con la simplificación de numerosas categorías de actividades, lo que permitirá dedicar recursos a funciones clave como la inspección y el control ambiental.
La consejera también ha mencionado la reducción significativa de los plazos de tramitación, que establecen tiempos máximos para todas las figuras de prevención ambiental. Al hilo de esto último, ha manifestado que esta medida proporciona un marco temporal claro para empresas, ayuntamientos y ciudadanía, refuerza la seguridad jurídica y garantiza que los procedimientos se gestionen de manera más eficiente, sin renunciar al rigor técnico que exige la normativa ambiental.
En el ámbito de la evaluación ambiental, ha explicado que se actualizan los procedimientos de evaluación de impacto, tanto la ordinaria como la simplificada, y se integran de manera más coherente con los instrumentos de prevención, lo que hará que estos procesos sean más ágiles y mejor coordinados. En este sentido, ha recalcado el esfuerzo realizado en la revisión de la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos urbanísticos, con el fin de facilitar el desarrollo del suelo dentro de los límites establecidos por la normativa básica.
Por otro lado, ha concretado que la futura planificación autonómica de inspección permitirá homogeneizar protocolos, reforzar la capacidad de reacción y mejorar la calidad de los controles sobre actividades que puedan generar impactos ambientales. Como ejemplo de ello, la modernización de ámbitos como las emisiones atmosféricas, la contaminación acústica o lumínica, los residuos y la calidad del suelo, sobre los que el Proyecto de Ley introduce herramientas actualizadas y alineadas con la normativa estatal.
Economía circular, ecoinnovación y un nuevo enfoque del régimen sancionador
De otra parte, Catalina García ha adelantado el papel que la futura ley quiere otorgar al fomento de la ecoinnovación, la economía circular y la corresponsabilidad ambiental. De este modo, se actualizan instrumentos como EMAS, ECOLABEL o el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, y se refuerzan los incentivos económicos y las subvenciones orientadas a mejorar la calidad ambiental mediante la innovación, la investigación y el uso eficiente de los recursos naturales. “Esta orientación permitirá promover empleo verde de calidad y fortalecer la colaboración con universidades, centros tecnológicos y entidades especializadas en verificación y control”.
En materia sancionadora, la consejera de Sostenibilidad ha puesto el acento en que la ley actualiza el régimen vigente para adaptarlo a la normativa estatal, y crea nuevas secciones dedicadas a materias emergentes como la contaminación lumínica o la responsabilidad medioambiental. Por otro lado, ha destacado como gran novedad la prestación ambiental sustitutoria, que permitirá sustituir determinadas sanciones económicas por acciones de restauración, conservación o educación ambiental, siempre con una cuantía equivalente o superior a la de la sanción. Sobre este mecanismo, ha indicado que “convierte infracciones en oportunidades para mejorar el entorno y sensibilizar a la sociedad”.