El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Vivienda de Andalucía, una norma que apuesta firmemente por facilitar el acceso a la vivienda con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio accesible. La nueva norma se articula sobre cuatro pilares, como incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación.
Rocío Díaz ha destacado que la vivienda es “un reto que debe unirnos a todos” y, por ello, ha subrayado hoy el compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos para la Ley de Vivienda de Andalucía, que se ha mantenido hasta hoy, con la aceptación de enmiendas de todos los grupos parlamentarios. “Hoy Andalucía demuestra que el diálogo no es una debilidad, sino una fortaleza, que defiende el Gobierno de Juanma Moreno y que se llama la vía andaluza”, ha dicho.
En ese sentido, ha remarcado que el Gobierno andaluz ha intentado todos los acuerdos posibles y, en ese punto, ha agradecido la participación “de todos los grupos políticos, a quienes han apoyado, a quienes han negociado y también a quienes han sido críticos, porque de cada aportación hemos aprendido”.
Asimismo, ha recordado que se trata de la primera Ley de Vivienda de una comunidad autónoma tras la aprobación de la ley estatal y ha considerado que “es muy diferente”, ya que “en el Gobierno andaluz hemos escuchado y hemos dialogado”. En ese punto, ha agradecido también las aportaciones de todos los agentes sociales y económicos. En este punto, ha citado la Mesa del Diálogo Social, los sindicatos, los colectivos sociales, los colegios profesionales, los ayuntamientos, las diputaciones y las entidades públicas y privadas que han permitido que el texto final “sea mejor” que el que se presentó al comienzo, porque “ha salido de la consulta y el diálogo”.
La Ley de Vivienda de Andalucía refuerza las políticas iniciadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler. Además de las líneas recogidas en el Decreto-ley de medidas urgentes aprobadas en febrero, la ley crea la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. En ese sentido, se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.
También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos.
La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas.
También habrá un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La norma establece, dentro del marco de sus competencias, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación.
La norma incorporará varias de las medidas urgentes del Decreto-ley ya en vigor, salvo aquellas de carácter temporal (cinco años) como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas. Un Decreto-ley al que se han adherido ya cerca de 80 municipios andaluces que representan a más de la mitad de la población andaluza y que se localizan en las zonas donde se detecta una mayor demanda de viviendas.
Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor. Con esta ley, se busca corregir los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha tenido como efectos la subida de precios, la caída de la oferta o el aumento de la ocupación.
La futura Ley de Vivienda de Andalucía contribuirá, por último, a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018. De igual manera, ha sido objeto de debate en la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, en cumplimiento de las Medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía” recogidas en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito el 13 de marzo de 2023.
Amplio proceso de participación
La ley es además fruto de un amplio proceso de participación. Durante su elaboración, se han estudiado más de 600 alegaciones de cerca de medio centenar de entidades o ciudadanos particulares, aceptándose el 80% de ellas.
El texto ha sido analizado en numerosas reuniones de la Mesa del Diálogo Social, y en esta última fase de tramitación parlamentaria se ha invitado a cerca de un centenar de agentes sociales y económicos. Además, se han incorporado enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.