La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y los sindicatos de Justicia han aprobado un protocolo pionero para la protección de las funcionarias judiciales que sean víctimas de violencia de género. Este protocolo pionero, que no existe para este colectivo profesional en ninguna comunidad, prevé, entre otras medidas, el traslado de estas trabajadoras por razones de seguridad, sin que suponga ninguna merma económica y con derecho al abono de los gastos de desplazamiento para ella y los familiares con los que conviva, de la mudanza de mobiliario y enseres, así como a una indemnización de tres dietas por cada familiar que se traslade con ella. Andalucía cuenta con casi 9.000 funcionarios de Justicia, de los que el 70% son mujeres.
El documento equipara la movilidad de las profesionales víctimas de violencia de género a un traslado forzoso en cuanto a las indemnizaciones y garantiza un puesto de igual nivel y categoría, incluso creando una plaza en caso de no existir.
Además, contempla medidas para facilitar la recuperación de las víctimas, como la reducción de jornada (con la disminución proporcional de la retribución), la flexibilidad de hasta un 50% del horario diario, la reordenación del tiempo de trabajo y adaptación del horario, y la justificación de ausencias totales o parciales por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida.
Además, contempla el derecho a solicitar una excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, con la reserva del puesto durante seis meses prorrogable hasta un máximo de 18 cuando las actuaciones judiciales lo exijan. Durante los dos primeros meses, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo y podrán participar en cursos de formación. En caso de incapacidad laboral por causas físicas o psicológicas fruto de la violencia de género, percibirá el 100% del complemento de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día de baja.
También se crea la figura del Agente de Igualdad de la Administración de Justicia para recibir y tramitar las consultas, quejas y denuncias, incluso anónimas, sobre violencia de género y sexual o acoso sexual. Y contempla medidas de prevención y sensibilización para dar a conocer este protocolo entre el personal que trabaja en los juzgados, así como la difusión de campañas de igualdad y contra la violencia machista a través de un sistema de comunicaciones electrónicas en la Red Profesional de la Junta, donde se ha creado un espacio específico para el personal de Justicia.
Para la redacción del protocolo de protección a las víctimas de la violencia de género se ha tomado como base el que ya existe para el personal de la Administración General de la Junta, que garantiza tanto el traslado en estos casos como ayudas de acción social para las empleadas públicas que sufran esta lacra social.
El documento se enmarca en el I Plan de Igualdad para el Personal de la Administración de Justicia en Andalucía, aprobado en marzo de 2024 entre la Consejería y los sindicatos CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO, con una vigencia de tres años.
Solo dos comunidades además de Andalucía cuentan con un Plan de Igualdad para el personal de Justicia (Valencia y el País Vasco) y varios territorios se han interesado por el andaluz al considerarlo el más avanzado.
Entre las medidas recogidas para garantizar la igualdad de acceso y promoción de las mujeres en la Administración de Justicia, el plan contempla la reserva del puesto a las interinas que sean llamadas para cubrir vacantes cuando están de baja maternal obligatoria, el cómputo como trabajo efectivo del tiempo de baja (durante el embarazo y tras dar a luz) o el cobro de las guardias que se hubieran realizado durante la baja de maternidad y paternidad.
También favorece la conciliación y corresponsabilidad mediante la adaptación de la jornada laboral por cuidado de personas dependientes sin necesidad de solicitar una reducción de esta, la flexibilización de las jornadas para facilitar la preparación de procesos de promoción, la formación en horario laboral (incluidos los cursos ‘online’) o la creación de salas de lactancia en los centros de trabajo.
La prevención y actuación frente a la violencia de género, al acoso sexual o la discriminación por razón de sexo es uno de los ejes fundamentales del I Plan de Igualdad de la Administración de Justicia, de ahí la aprobación de un protocolo específico.