El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado el Proyecto de Orden que aprueba las bases reguladoras de las subvenciones complementarias destinadas a fomentar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en terrenos agrarios y forestales situados dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, con el objetivo de someterlo a información pública. Se trata de una medida que permitirá reforzar la eficacia de las ayudas estatales convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, de manera que los beneficiarios cuenten con una cobertura económica suficiente para garantizar el mantenimiento y viabilidad de las actuaciones a largo plazo.
El Proyecto de Orden culmina el trabajo iniciado el pasado 10 de octubre, cuando la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente informó al Consejo de Gobierno del arranque del procedimiento de elaboración de estas ayudas. Su diseño responde al compromiso adquirido por la Junta en el marco del Protocolo firmado en noviembre de 2023 con el Gobierno de España y los representantes del sector agrario, un compromiso que la Administración autonómica ha reforzado progresivamente. La ampliación de la aportación autonómica al Marco de Actuación, pasando de 728 a 853 millones de euros, refleja la voluntad de Andalucía de impulsar la recuperación ambiental de Doñana y contribuir a su desarrollo socioeconómico de manera equilibrada y sostenible. Esa evolución representa 124 millones adicionales respecto al compromiso de partida y se traduce ya en más de 477 millones ejecutados a octubre de 2025, lo que equivale a un grado de cumplimiento superior al 65,57%.
Las subvenciones reguladas mediante esta nueva disposición presentan un enfoque claramente orientado a facilitar la transición productiva en el norte de la Corona Forestal de Doñana. La finalidad es respaldar económicamente a quienes estén llevando a cabo actuaciones de restauración ecológica derivadas de la convocatoria estatal, complementando la ayuda principal con recursos propios de la comunidad autónoma. Esta complementariedad permitirá que las iniciativas aprobadas dispongan de los medios adecuados para consolidar las nuevas superficies forestadas, garantizar su mantenimiento y promover usos del suelo compatibles con la conservación de los ecosistemas onubenses. De esta forma, se asegura que el esfuerzo económico, técnico y ambiental realizado tenga continuidad en el tiempo y contribuya de manera efectiva a la revitalización ecológica del territorio.
El ámbito territorial de estas ayudas se centra exclusivamente en los cinco términos municipales incluidos en el Plan Especial: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Esta delimitación permite atender las necesidades concretas de la zona donde se localiza el mayor impacto sobre las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana y donde la restauración ecológica resulta más urgente. Las superficies susceptibles de recibir estas ayudas deberán haber obtenido previamente la resolución definitiva de concesión de la subvención estatal, requisito que asegura la coherencia entre ambas líneas y evita la creación de estructuras paralelas. La convocatoria autonómica adopta además un régimen de concurrencia no competitiva, lo que garantiza que todas las personas y entidades que cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a los fondos hasta agotar el crédito disponible, sin procesos de comparación o prelación entre solicitudes.
Cuantía de las ayudas
La cuantía complementaria se fija en 20.000 euros por hectárea subvencionada por la convocatoria estatal. Está diseñada para cubrir los costes de mantenimiento de la forestación, las actuaciones necesarias para consolidar el uso natural del terreno y las rentas no percibidas derivadas del cambio de modelo productivo. Estos recursos se unirán a los 70.000 euros por hectárea aportados por el Estado y a los 10.000 euros anunciados por la Diputación de Huelva. La cooperación institucional permitirá alcanzar el máximo previsto de apoyo público, hasta 100.000 euros por hectárea en los cinco municipios del Plan Especial.
El desarrollo de estas bases reguladoras coincide con un momento decisivo en la aplicación del Acuerdo porDoñana. Andalucía ha convertido este instrumento en un mecanismo vivo y en continua actualización, adaptándolo a las necesidades del territorio e incorporando iniciativas de alto valor ambiental y estratégico. Destacan, entre otras actuaciones, la adquisición de Veta La Palma y Tierras Bajas, que suman 8.700 hectáreas incorporadas a la gestión pública dentro del Espacio Natural de Doñana, una inversión que supera los 78 millones de euros y que constituye uno de los hitos más relevantes en la historia reciente de este espacio protegido.
La previsión presupuestaria para estas ayudas alcanza inicialmente los 24 millones de euros, para 1.200 hectáreas. De estos, el Presupuesto de 2026 contempla los primeros 8 millones de euros, ajustados al número de hectáreas incluidas en la primera convocatoria estatal, cuantificadas en torno a 400. A medida que el Estado amplíe su convocatoria y resuelva nuevas ayudas, la Junta incrementará también su compromiso financiero para mantener la coherencia con el acuerdo alcanzado y completar la aportación estatal. Este sistema garantiza que las actuaciones de restauración ecológica cuenten con un respaldo sólido durante todo el periodo necesario para asegurar su consolidación.
El texto normativo incorpora también mecanismos que facilitan la tramitación electrónica, reducen la carga documental y garantizan el respeto a los principios de eficacia, transparencia y seguridad jurídica. El Proyecto de Orden se ha elaborado siguiendo la normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones, así como las disposiciones europeas que regulan las ayudas en los ámbitos agrícola y forestal. Además, la regulación presta especial atención al uso de un lenguaje inclusivo y a la accesibilidad, con el fin de que cualquier persona interesada pueda comprender de manera clara los requisitos, obligaciones y procedimientos.