La Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General, CSIF, UGT y CCOO, han alcanzado un preacuerdo por la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad, que ha sido calificado como “histórico” por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
Este preacuerdo, que se materializará en un acuerdo definitivo de la Mesa General que se elevará al Consejo de Gobierno junto a los correspondientes informes preceptivos, constituye el primer gran pacto global desde el año 2006 y consolida a esta legislatura como la legislatura del diálogo, la estabilidad y la concertación social.
Durante los últimos meses, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha liderado “un proceso de negociación sereno, constante y discreto, con la colaboración de las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social; y con la implicación personal del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuyo compromiso con la modernización de la Administración y con la mejora del empleo público ha sido determinante para alcanzar este consenso”.
El preacuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y sienta las bases de un acuerdo con un horizonte temporal de cinco años, que consolida los procesos de modernización y mejora del sector público andaluz y que se estructura en cuatro grandes ejes: el primero, la transformación de la Administración pública, avanzando hacia una organización ágil, digital, eficiente y orientada a resultados; el segundo, el fortalecimiento del capital humano, mediante la mejora del empleo público y su modelo retributivo, la estabilidad, la carrera horizontal y la evaluación del desempeño.
En este sentido, se trabaja ya en el desarrollo en determinados ámbitos de modelos de evaluación del desempeño y de carrera horizontal como vía de reconocimiento y mejora continua de los empleados públicos.
En cuanto al modelo retributivo, la Ley de la Función Pública de Andalucía introduce un nuevo modelo basado en complementos objetivos, entre los que destacan el complemento de puesto, el complemento de nivel competencial, el complemento por desempeño y el complemento de carrera. Este cambio se realizará de forma negociada con las organizaciones sindicales, con análisis rigurosos de todos y cada uno de los tipos de puestos de trabajo, de forma progresiva y garantista, respetando los derechos consolidados. Además, se impulsa la recuperación progresiva de la acción social.
El tercer eje, es la actualización y modernización de los convenios colectivos del personal de la Administración General y del Sector Público Instrumental, avanzando en la homogeneización de condiciones laborales. El preacuerdo recoge el compromiso de finalizar el proceso de negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, que sustituirá al VI Convenio firmado en 2002.
Asimismo, se abordará la actualización de los convenios colectivos obsoletos del Sector Público Instrumental para adaptarlos al nuevo marco normativo y a las demandas organizativas actuales con el compromiso por ambas partes de establecer criterios objetivos para revisar estos convenios.
Y el cuarto, el reforzamiento de la calidad de los servicios públicos, impulsando la formación continua, la reorganización de los recursos de prevención de riesgos laborales, o el rediseño de procedimientos y trámites.
El consejero ha querido reconocer públicamente a CSIF, UGT y a CCOO “la lealtad y el compromiso por mejorar las condiciones sociolaborales de los empleados públicos, funcionarios y laborales. Pero también por implicar la modernización de la Administración pública y la mejora del servicio al ciudadano en ese preacuerdo y que lo convierte en un preacuerdo histórico”. En este sentido, ha destacado que “en el siglo XXI no hemos tenido ningún acuerdo similar con los sindicatos”..
Además, ha recordado que en estos meses de trabajo también se han mantenido conversaciones con SAF, que también está en la Mesa Sectorial junto a las otras organizaciones ya citadas, lo que “nos permite atisbar un acuerdo unánime con todas las organizaciones sociales que aborde un panorama general de toda la Administración pública andaluza, de la administración general de la Junta, que incorpore también al sector público instrumental y al personal laboral y nos permita pasar del sexto al séptimo convenio y dar un salto de calidad en la gestión de la Administración Pública andaluza”.
Este preacuerdo es fruto de un proceso de negociación continuado, coherente con la senda abierta por la Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía, aprobada con un amplio respaldo y fruto del consenso político y sindical. Desde entonces, no se ha detenido el diálogo, como demuestra el desarrollo reglamentario de esta ley a través de los cuatro decretos que están resueltos o en fase de tramitación.
Estos avances reflejan un modelo de gobernanza basado en la concertación y en la cooperación institucional, en el que el diálogo se ha convertido en una herramienta de transformación real y efectiva de la Administración Pública andaluza. Con este preacuerdo, la Junta de Andalucía da un paso decisivo para consolidar un modelo de Administración moderna, orientada a resultados, con un empleo público de calidad como motor de transformación y con un objetivo común: servir mejor a la ciudadanía andaluza.