La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado durante la comisión parlamentaria sobre las ayudas para la renaturalización de tierras en la corona norte del Condado de Huelva, un instrumento clave dentro del Acuerdo por Doñana que permitirá impulsar la restauración ecológica del entorno y apoyar a los agricultores que más directamente han sufrido las limitaciones de uso del suelo y la escasez de agua.
La titular andaluza ha recordado que estas ayudas suponen una oportunidad “para reconciliar la naturaleza con el trabajo humano”, en un territorio donde la convivencia entre el medio ambiente y el desarrollo rural constituye el gran desafío de presente y futuro. Al respecto, ha declarado que “la Junta de Andalucía estará preparada para que, en cuanto el Estado convoque y resuelva las ayudas estatales, podamos sacar inmediatamente las nuestras”. En esta línea, ha subrayado que “el Gobierno andaluz tiene ya todo el procedimiento administrativo en marcha y trabaja para que el texto definitivo esté listo en tiempo y forma, con el objetivo de garantizar una tramitación y un pago ágiles dentro del marco legal”.
La consejera ha señalado que estas nuevas ayudas autonómicas serán complementarias a las del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que estarán destinadas a explotaciones situadas en los municipios de Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Moguer y Lucena del Puerto. “Son las zonas más delicadas y cercanas al Parque Nacional, donde los agricultores han sufrido mayores limitaciones administrativas y donde la protección ambiental es más necesaria”, ha explicado.
Estas subvenciones, ha precisado, “tendrán un importe que puede alcanzar los 20.000 euros por hectárea y se orientarán a reforzar la resiliencia de los ecosistemas y a promover nuevas superficies forestales, diversificando la economía local y fomentando el empleo verde”. En paralelo, ha resaltado la colaboración con la Diputación de Huelva, “que ya ha mostrado su compromiso de aportar 10.000 euros por hectárea”. De este modo, la consejera ha indicado que “la suma de las ayudas del Estado, la Junta y la Diputación podría alcanzar hasta los 100.000 euros por hectárea, una dotación sin precedentes para impulsar la transición hacia modelos productivos sostenibles en la zona”.
Catalina García ha destacado que el Consejo de Gobierno ya tomó conocimiento el pasado 10 de septiembre del inicio de las actuaciones para la concesión de estas ayudas complementarias, en el marco de las iniciativas de desarrollo socioeconómico sostenible del área de influencia de Doñana. “El proceso está muy avanzado”, ha afirmado. “Las bases reguladoras se han sometido a consulta pública, que concluyó el 25 de septiembre, y hemos recibido aportaciones tanto del Ministerio como de otros agentes implicados, todas ellas tenidas en cuenta para la elaboración del texto final”.
Al hilo de esto último, ha hecho hincapié en que las medidas contemplan la creación y mantenimiento de nuevas superficies forestales, junto a acciones complementarias de restauración ecológica que permitan aumentar la capacidad natural de los suelos y mejorar su funcionalidad ambiental. “Estamos trabajando con la máxima agilidad para que, en cuanto se resuelvan las ayudas estatales, la Junta pueda activar de forma inmediata las suyas”, ha añadido. La consejera ha aseverado que “los agricultores del entorno de Doñana están viviendo una situación de gran incertidumbre” y que “estas ayudas llegarán como un respiro y una oportunidad para transformar sus tierras en espacios de valor ecológico y económico”.
El Acuerdo por Doñana
Durante su intervención, Catalina García ha situado estas actuaciones en el marco del Acuerdo por Doñana, suscrito en noviembre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que constituye “una hoja de ruta compartida para garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y social del entorno de Doñana”. “La colaboración entre administraciones es el camino”, ha dicho. “Con este pacto, hemos demostrado que, cuando se dejan a un lado las diferencias políticas y se pone en el centro a las personas, somos capaces de alcanzar consensos útiles y eficaces para el bien común”.
La consejera ha remarcado que la Junta ha cumplido con creces los compromisos adquiridos en el acuerdo. “Lo que inicialmente se cifraba en 728 millones de inversión se ha convertido en 852 millones movilizados, 123 millones más de lo previsto. Y de esa cantidad, más de 428 millones ya se han ejecutado, según datos del último informe, lo que supone el 58,75% del compromiso inicial”, ha agregado.
“Estos datos demuestran que la Junta de Andalucía no solo ha cumplido, sino que ha ido por delante, demostrando con hechos su compromiso con Doñana, con sus vecinos y con el campo”, ha afirmado. La titular del ramo ha insistido en que el objetivo último de todas estas actuaciones es “garantizar la protección del espacio natural sin olvidar la justicia social ni la viabilidad económica de las explotaciones agrarias”. Así, ha puesto de relieve que “no se puede proteger Doñana sin proteger a quienes viven junto a ella”.
La consejera ha hecho hincapié en que el Acuerdo por Doñana ha permitido avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos -agrícola, forestal, pesquero y de infraestructuras hidráulicas- para garantizar la recuperación del acuífero, mejorar la calidad del agua, promover la reforestación y generar empleo verde en los municipios del entorno. “Es un plan integral que mira al medio ambiente pero también a las personas”, ha sostenido. “Porque solo si el campo tiene futuro, también lo tendrá el parque”.
Compromiso con los agricultores
Catalina García ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con los agricultores de la corona norte del Condado de Huelva, “que han vivido durante años con dudas sobre su porvenir y necesitan certezas”. De este modo, ha reconocido su papel como “custodios del parque y guardianes del agua”, y ha recordado que “el agricultor de Doñana no es un enemigo del parque, sino su primer aliado”.
En este orden de ideas, ha recalcado que la Junta de Andalucía “ha estado, está y estará siempre al lado de los agricultores andaluces”, porque “el futuro del campo es también el futuro de Andalucía”. En este sentido, ha reiterado la exigencia al Gobierno central para que “acelere al máximo la convocatoria y el pago de las ayudas estatales”. “Esas ayudas deben pagarse, y deben pagarse ya”, ha advertido. “Están en juego las expectativas y el sustento de miles de familias que dependen del campo”.