El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las alegaciones realizadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas en el procedimiento de audiencia e información pública abierto el 11 de septiembre de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del proyecto de Real Decreto por el que se regularán los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, y cuyo periodo para la presentación de alegaciones concluyó el 6 de octubre.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pretende establecer un nuevo marco reglamentario en relación con los volúmenes de inversión en las redes de transporte y distribución, así como con el procedimiento de presentación de los propios planes de inversión por parte de las empresas distribuidoras y gestoras de la red de transporte de electricidad, incluyendo los mecanismos de control de su ejecución.
El proyecto de Real Decreto vendría a modificar el marco reglamentario establecido por los reales decretos 1047/2013 y 1048/2013 que establecen la metodología para el cálculo de la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. El texto contempla incrementos excepcionales en los límites máximos que establecen ambos reales decretos para el volumen de inversión anual en las redes eléctricas, si bien estos quedan fijados como un porcentaje del PIB de España previsto por el Gobierno central en los mismos valores actuales del 0,065% en el caso del transporte de energía eléctrica y del 0,13% en el caso de la distribución. Además, recoge en sus disposiciones adicionales incrementos para cada uno de los años entre 2026 y 2030, estableciéndose en 1.540 millones de euros anuales para distribución y 720 millones de euros por año para transporte, lo que podría implicar una inversión acumulada de 3.000 millones de euros en redes de distribución en cinco años.
La Junta de Andalucía ha reclamado la necesidad de abordar una mayor inversión en las redes eléctricas de una manera más estable y predecible, en lugar de ser una medida con carácter discrecional y excepcional, mediante un incremento en los límites que se establecen. Así se realizó en el Real Decreto ley 23/2020 de medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica, como medida frente a la pandemia, que permitió destinar cada año del trienio 2020-2022 el 0,075% y 0,14% para transporte y distribución, respectivamente.
Además, desde la Junta de Andalucía se ha instado a la intervención de las comunidades autónomas para la selección de los tipos de inversiones que resultan más necesarias en su territorio, en tanto que la situación puede ser muy diferente entre territorios y son las administraciones regionales las que conocen las prioridades y necesidades de sus comunidades.
Por otro lado, entre los criterios que contempla el texto para el despliegue de las inversiones adicionales a las ordinarias se encuentran las denominadas “inversiones anticipatorias” destinadas a zonas con insuficiencia de red, así como los proyectos de inversión destinados a la mejora de la calidad de suministro eléctrico. Este aspecto se considera especialmente relevante para Andalucía, por su especial incidencia en zonas rurales o dispersas, así como en zonas que sufren cortes de luz en las épocas del año de mayor demanda de energía, por lo que se ha propuesto abordar esta cuestión mediante un mayor peso de las inversiones, ya sean excepcionales u ordinarias, dirigidas a esta finalidad y mediante la determinación por parte de las comunidades autónomas de determinadas inversiones que se consideren críticas, debiendo quedar reflejadas en la planificación inversora en las redes.
Junto a ello, el Gobierno andaluz ha considerado de gran importancia reclamar un cambio de gran calado en lo que respecta a la determinación de lo que se considera un nivel de calidad deficitario. Para ello se ha propuesto la inclusión de una nueva disposición adicional que recoja un cambio de criterio técnico respecto de los índices que miden la calidad de suministro a través de la modificación de la Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.
El objetivo es que la calidad de suministro se ajuste de manera más real a la percepción y necesidad de los usuarios, obligando a las distribuidoras a incluirlo en sus planes inversiones en la red para mitigar de manera efectiva situaciones de falta de calidad. En este sentido, la propuesta ha incluido aspectos como que se contemple la energía no suministrada, se segmente por tipo de usuario especialmente recogiendo factores de criticidad (hospitales, telecomunicaciones, industrias clave) para que no se promedien con otra tipología de usuarios, se incorporen indicadores de percepción de usuario, se considere la calidad de tensión con subíndices de estabilidad de voltaje, armónicos y huecos de tensión, se mejore la resolución temporal y geográfica para evitar que problemas locales que se diluyan en un promedio global, e incluso se propone el uso de datos recogidos por los contadores telemáticos.
Así, la Junta de Andalucía ha reclamado un papel más activo de la comunidad autónoma tanto en el diseño como en el seguimiento de la ejecución de los planes, y particularmente que sean las propias comunidades autónomas las que lideren el diseño de los planes de inversión, incluyendo el impulso de los procedimientos de consulta y recepción de propuestas de mejora de las redes que el borrador de texto normativo asigna a las empresas distribuidoras.
Igualmente, a juicio de la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas deberían contar con un mayor peso en el seguimiento de la ejecución de los planes de distribución, especialmente en relación a ciertas infraestructuras críticas, que se propone que sean delimitadas en los planes de inversión, así como en los casos en los que se contempla una priorización de actuaciones, en las que igualmente se ha propuesto que sean considerados los proyectos que las comunidades autónomas hayan determinado como estratégicos.
Las observaciones realizadas se completan con otros aspectos técnicos, de plazos o formales que buscan dotarse de un instrumento normativo que contemple el papel clave que juegan las comunidades autónomas en el proceso de inversión para la mejora y desarrollo de las redes, y especialmente cómo esto se concilia con el resto de las políticas públicas que se impulsan en cada territorio.
Paquete europeo de redes eléctricas
Estas alegaciones se suman a las propuestas que ha realizado la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, a la Comisión Europea sobre el futuro paquete de medidas de las redes eléctricas europeas, European Grids Package, un documento fundamental para disponer de una red eficiente y preparada que permita acelerar la electrificación y la integración de renovables, cuya adopción está prevista para el cuarto trimestre de 2025.
La contribución andaluza al futuro paquete europeo ha incidido en la necesidad de mejorar la interconexión eléctrica entre España y Francia para mejorar la integración efectiva de la Península Ibérica (España y Portugal) en el sistema eléctrico europeo; la eliminación de los topes a la inversión en redes; el refuerzo de la gobernanza en el Plan Decenal Europeo de Desarrollo de Redes; incorporar plenamente la red de distribución en la planificación europea; alinear los planes nacionales con los escenarios de la Comisión, ampliar su alcance a proyectos locales relevantes y modernizar la red de distribución.