El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado hoy que la protección a la infancia víctima de violencia no admite más demoras y ha enfatizado que “dicha protección no puede depender de voluntades individuales, ni de recursos limitados”. “Es una cuestión de Estado”, ha aseverado.
En la inauguración de las II Jornadas de Victimología de la Universidad Pablo de Olavide dedicadas a la protección de la infancia víctima de violencia sexual, el Defensor de la Infancia en Andalucía ha reclamado “acción urgente y coordinada” para combatir esta realidad, que ha calificado de “execrable, invisible y todavía demasiado tolerada socialmente”.
Jesús Maeztu ha destacado que, con la nueva Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, la Defensoría ha ampliado su capacidad de supervisión no solo sobre administraciones públicas, sino también sobre entidades privadas que trabajan con menores.
Según los datos aportados, las denuncias más frecuentes recibidas por el organismo corresponden a abusos sexuales, violencia de género, maltrato psicológico y conflictos familiares en los que se instrumentaliza a los hijos. Muchos de estos casos ocurren en entornos que deberían proteger al menor: la familia y la escuela. Respecto a la violencia sexual, el Defensor subrayó que el 83 % de las víctimas son niñas y adolescentes, y el 98 % de los agresores son hombres, la mayoría del entorno cercano. Sin embargo, los procesos judiciales se prolongan más de cinco años y obligan a los menores a revivir su trauma en múltiples declaraciones.
Para evitar esta revictimización, Jesús Maeztu ha reclamado la implantación en Andalucía del modelo europeo Barnahus, que integra atención judicial, sanitaria y psicológica en un único espacio.
Asimismo, el Defensor ha reclamado más juzgados especializados, formación obligatoria para los profesionales y coordinación real entre administraciones. “Si no actuamos ahora, muchos niños y niñas nos pedirán cuentas por no haberles protegido”, ha advertido por último.