El Dictamen 7/2025 sobre el Anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, había sido solicitado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, habiéndose ocupado de su elaboración la Comisión de Trabajo de Consumo, Medioambiente y Ordenación del Territorio. La elaboración de la ponencia ha corrido a cargo del consejero del Grupo I, por CCOO Andalucía, Carlos A. García Romero.
El anteproyecto de ley que se somete a dictamen tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable en materia de prevención y protección ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para alcanzar un elevado nivel de protección, conservación y mejora del medio ambiente y la salud de las personas, a través de los instrumentos ambientales y disposiciones establecidas en la misma, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General del Estado, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal.
Esta nueva regulación sustituirá a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que, si bien supuso un hito importante al regular diversos instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y actividades que podían afectar al medio ambiente, casi veinte años después, la realidad medioambiental de Andalucía ha cambiado debido a múltiples factores, por lo que era necesaria la redacción de una nueva normativa que dote de nuevos instrumentos a la Administración andaluza ante los actuales retos climáticos y medioambientales. Por ello, se elabora con los objetivos de completar, clarificar y actualizar el marco normativo ambiental de Andalucía, conforme a los cambios acontecidos en la normativa estatal y comunitaria, y adecuarlo a las nuevas formas de gestión y planificación, tanto públicas como privadas, para hacer más eficiente y ágil la administración ambiental, a la vez que da respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible, ambiental, social y económica, salvaguardando siempre las debidas garantías ambientales.
El dictamen será remitido al Gobierno de la Junta de Andalucía, con la solicitud de que incorpore las modificaciones propuestas al futuro proyecto de ley.
