El Pleno aprueba proposiciones no de ley de acceso a la universidad común en todo el territorio y de defensa del orden constitucional, independencia judicial, libertad de expresión y libertades públicas

La sesión ha comenzado con la defensa de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a las políticas de lucha contra la desinformación, de impulso democrático y buen gobierno. El Pleno, que ha votado a última hora de la tarde, solo ha aprobado dos de los puntos de esta moción.
A continuación, el Grupo Vox en Andalucía presentó una interpelación relativa a política general en materia de juventud que fue contestada por la consejera de Inclusión Social, M.ª Dolores López. Acto seguido el Grupo Socialista formuló otra interpelación sobre política general en materia de profesionales sanitarios a la que respondió la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.
Tras las preguntas de control a los consejeros por parte de los diputados, sin el apartado de preguntas al presidente de la Junta de Andalucía por el debate sobre la situación política de la Comunidad Autónoma, que ocupó todo el día de ayer, el Pleno del Parlamento ha pasado al último punto del orden del día, en el que se han debatido cuatro proposiciones no de ley.
La proposición no de ley en pleno presentada por el Grupo Socialista en la que se solicitaba la reactivación, innovación y evaluación del Programa Integral de Silicosis de Andalucía (PISA) en el manipulado de aglomerados de cuarzo ha sido rechazada en su totalidad. La iniciativa ha contado con el apoyo de los grupos Socialista, Vox en Andalucía, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, mientras que ha sido rechazada por el Grupo Popular, que había planteado enmiendas a la misma.
Respecto de la proposición no de ley defendida por el Grupo Por Andalucía que tiene por título «políticas dirigidas a satisfacer el derecho a la vivienda en Andalucía», se han aprobado cuatro de sus puntos.
El Grupo Popular ha presentado dos proposiciones no de ley en pleno. La primera de ellas es relativa al acceso a la universidad común en todo el territorio nacional, en la que se solicita, entre otros aspectos, consensuar con las comunidades autónomas una prueba de acceso a la Universidad que se celebre con criterios comunes y homogéneos reales tanto en aspectos formales como en contenidos. La segunda proposición no de ley se refiere a la defensa del orden constitucional, la independencia judicial, libertad de expresión y libertades públicas. Ambas han sido aprobadas en todos sus puntos.