Un total de 26 ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y consorcios se han beneficiado este año de las subvenciones que concede el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, para el desarrollo de planes de formación del personal al servicio de las administraciones locales.
En total, se han repartido 2.928.047,42 euros entre siete diputaciones, las de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y nueve ayuntamientos de las capitales de Córdoba, Granada y Málaga, el consistorio granadino de Armilla, la localidad almeriense de El Ejido, los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Coria del Río, y las localidades onubenses de Palos de la Frontera y Almonte.
Estas ayudas también han llegado a la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP), el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira (Granada), y las mancomunidades de las comarcas gaditanas de La Janda y Bahía de Cádiz, Islantilla (Huelva), y las granadinas de la Alpujarra, Huéscar, Ribera Baja del Genil, Costra Tropical y Alhama de Granada.
Las ayudas se han distribuido en régimen de concurrencia competitiva y para su reparto se han tenido en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas de las entidades locales y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior. Las cuantías concedidas oscilan entre los 732.011,85 euros destinados a planes de formación de la FAMP y los 5.937,73 euros recibidos por la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Alhama de Granada.
El reparto de estos fondos puede consultarse en la resolución publicada en BOJA.
El consejero José Antonio Nieto, en la clausura del II Foro de Empleo Público en Andalucía (Archivo).
Con estas ayudas, la Junta muestra su compromiso con la formación de las personas empleadas públicas, ya que son la mayor garantía de la prestación del mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, el Gobierno andaluz ha colaborado con las administraciones locales para que puedan ofrecer cursos a sus profesionales.
Esta acciones formativas pueden ser presenciales o telemáticas, y generales o de especial complejidad. Estas últimas se dirigen al personal con un perfil cualificado alto-medio o colectivos que, en el desarrollo de su actividad profesional, requieren habilidades que sólo pueden aprender, de forma práctica, bajo la tutela o supervisión de docentes expertos en la materia, como es el caso de bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios.
Las administraciones beneficiarias reciben, al menos, el 25% de los fondos concedidos de forma anticipada, para organizar las actividades, y podrán recepcionar otro 25% al inicio de éstas. El resto se abonará una vez terminen y justifiquen los cursos.
Desde 2024, tras una modificación de las bases reguladoras para simplificar los trámites de estas subvenciones, las entidades pueden ofrecer actividades formativas a su personal durante todo el año. Así, se podrán subvencionar cursos iniciados antes de la resolución de la concesión de la ayuda, lo que facilita una mejor distribución de los cursos, sin que se concentren en el mismo periodo de tiempo al tener que esperar a la publicación de la resolución.
Asimismo, las entidades locales pueden ajustar mejor el contenido de los planes al importe que reciben, lo que evita las frecuentes modificaciones posteriores para reducir los planes de formación aprobados inicialmente, minorar la cuantía de las ayudas concedidas o incluso la devolución de fondos.
La nueva orden, que sustituyó a la anterior normativa de 2014, ofrece así respuesta a las demandas planteadas por numerosos ayuntamientos durante los últimos años, y se enmarca en la apuesta de la Junta por la simplificación administrativa, también para los ayuntamientos.