El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la carta remitida por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando la urgente necesidad de acometer la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf), para adaptar la normativa española al nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, que entró en vigor en abril de 2024. Más de un año después, la trasposición del nuevo marco europeo a la normativa española sigue pendiente.
El nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la UE, representa un cambio de paradigma en la gobernanza fiscal, al poner el énfasis en el medio plazo y la planificación plurianual, mientras que la Ley de Estabilidad Presupuestaria española se centra en objetivos y evaluaciones anuales, lo que perjudica a territorios como Andalucía, con una población elevada, grandes necesidades de inversión y una limitada capacidad fiscal per cápita.
En este sentido, el nuevo marco europeo establece objetivos diferenciados para cada estado miembro en función de su realidad socio-económica, pero en España la Loepsf trata por igual a todos los territorios, con independencia de los recursos de que dispongan, la población que tengan o la capacidad de crecimiento de su economía.
Así, mientras la UE plantea un modelo descentralizado y adaptado a las realidades de cada estado miembro, en España el modelo es centralizado y uniforme para todos los territorios. De hecho, la referencia para la UE es la regla de gasto en el medio plazo (que limita el crecimiento del gasto en relación con el crecimiento de la economía), mientras que para España sigue siendo el objetivo de déficit de cada año (que lo que limita es el endeudamiento).
El Consejo de Gobierno defiende, en este sentido, que la normativa española permita una aplicación flexible de la regla de gasto, y que establezca límites de gasto diferenciados por niveles de administración o, al menos, por niveles de administración, en función del nivel de gasto en servicios públicos fundamentales que cada uno de ellos soporta. De hecho, en este momento, la regla de gasto que aplica para toda España es el 3,2% en 2025, tanto para la administración central del Estado como para las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Así, la Junta de Andalucía entiende que la reforma de la Loepsf, reconocida como un objetivo prioritario tanto por parte del Ministerio de Hacienda como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), supone una oportunidad para corregir las deficiencias del actual modelo y favorecer un entorno fiscal más justo, equitativo y sostenible.
Una reforma en paralelo a la reforma del SFA
Por ello, Andalucía propone utilizar la reforma de la Loepsf de 2012 para establecer, en línea con lo que plantea Europa para cada uno de los estados miembros, tasas de gasto diferenciadas por territorios, que respondan a la realidad económica, social y demográfica de cada uno de ellos y evitar, de esta forma, reglas homogéneas injustas.
La Junta de Andalucía también propone que la reforma integral de la Loepsf permita una mayor flexibilidad para el uso del superávit y contemple cuentas de control a medio plazo como mecanismo corrector no sancionador. Es decir, que si un año se incumple se pueda compensar al año siguiente, siempre que en un periodo determinado de varios años los objetivos se cumplan.
Del mismo modo, el Gobierno andaluz reclama la participación efectiva de las comunidades autónomas en los planes fiscales estructurales nacionales, así como mayor transparencia fiscal, incluyendo acceso temprano a la información sobre entregas a cuenta, transferencias finalistas y previsiones macroeconómicas. Y que se establezcan incentivos positivos para las comunidades autónomas cumplidoras, como acceso preferente a determinados fondos europeos, en lugar de mecanismos puramente sancionadores.
El Gobierno andaluz recuerda, en cualquier caso, que la reforma de la Loepsf no puede abordarse de manera aislada, sino de forma simultánea a la reforma del sistema de financiación autonómica, cuya obsolescencia y desequilibrio estructural suponen un perjuicio continuado y acumulativo para Andalucía.