El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente por valor de 10 millones de euros a entidades locales destinadas a la adquisición de vehículos para la recogida de biorresiduos. Esta nueva línea de ayudas está orientada a mejorar la gestión municipal de residuos orgánicos y a avanzar en los objetivos de la economía circular.
Durante los últimos años, la producción de residuos ha experimentado un notable incremento a nivel global como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo, el aumento de la población y las dificultades para gestionar adecuadamente los residuos generados. En este contexto, la Unión Europea viene impulsando una normativa que exige a los estados miembros planes de gestión y prevención que garanticen un tratamiento eficaz, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y recuperar recursos a través del reciclaje.
España incorporó estos principios mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que asigna a las entidades locales un papel fundamental en la recogida separada y el tratamiento de los residuos. En Andalucía, el Estatuto de Autonomía otorga a la Junta de Andalucía la responsabilidad de planificar, supervisar y controlar esta gestión, lo que se traduce en el diseño de planes y líneas de apoyo a nivel territorial.
Uno de estos instrumentos es el Plan Integral de Residuos de Andalucía (Pirec 2030), que promueve la reducción de residuos, su valorización material y la inversión en infraestructuras que refuercen la capacidad de los municipios, en especial en zonas rurales donde las condiciones geográficas y demográficas dificultan una recogida eficiente. A través de este plan y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos NextGenerationEU, la Junta de Andalucía ha movilizado 166 millones de euros en ayudas a las entidades locales andaluzas para la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos.
La nueva convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, complementa estas actuaciones y pone el foco en la adquisición de vehículos específicamente destinados a la recogida de biorresiduos. Las ayudas, cuyo plazo de solicitud es de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), están diseñadas para promover sistemas de recogida más sostenibles, priorizando aquellos que utilicen vehículos con cero emisiones directas de dióxido de carbono frente a los propulsados por combustibles fósiles. Se trata de un paso más hacia una Andalucía comprometida con la descarbonización, la modernización de sus servicios públicos y el cumplimiento de los estándares europeos de sostenibilidad.
El objetivo último de esta iniciativa es doble. Por un lado, facilitar a municipios, mancomunidades, consorcios o empresas públicas locales la adquisición de medios adecuados para gestionar eficazmente los residuos orgánicos. Por otro, avanzar hacia un modelo más limpio, circular y responsable, donde el valor de los materiales y productos se mantenga el mayor tiempo posible en la economía, minimizando así la generación de residuos y su impacto ambiental.
La financiación se realizará con cargo a los presupuestos andaluces y cuenta con una dotación total de 10 millones de euros repartidos en dos anualidades: 5 millones para 2025 y otros 5 millones para 2026. Las entidades beneficiarias deberán cofinanciar al menos el 10% del coste del vehículo, además del IVA correspondiente. Cada ayuda podrá cubrir hasta el 90% del presupuesto aceptado, con un máximo de 300.000 euros por vehículo y un límite total de 2 millones de euros por entidad solicitante. Los criterios de adjudicación se centrarán en aspectos objetivos como la población atendida por el servicio, el tipo de emisiones del vehículo solicitado y el porcentaje de financiación aportado por la entidad local.
Desde la aprobación de la Ley de Economía Circular en marzo de 2023, Andalucía ha consolidado su liderazgo en el impulso de políticas que promueven la sostenibilidad de forma transversal. Esta norma establece un marco estratégico para fomentar el uso eficiente de los recursos y evitar que los residuos generados acaben en vertederos. En ella se subraya la corresponsabilidad entre administración autonómica y entidades locales para facilitar la transición hacia un sistema más eficiente, limpio y resiliente.
Esta nueva línea de subvenciones representa un impulso más al trabajo coordinado entre niveles de gobierno y al papel transformador que pueden desempeñar las administraciones en la construcción de un modelo económico circular. Se considera, por tanto, clave para reforzar la capacidad operativa de los municipios y ayudarles a cumplir con los exigentes objetivos de reciclaje establecidos en la normativa europea y estatal.