El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha dejado claro que la Ciudad de la Justicia de Cádiz será una realidad tras publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el estudio de viabilidad realizado por las empresas Iridium, Martín Casillas y Carmocon (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2025/86/19). Se trata de un paso clave para un proyecto a acometer por colaboración público-privada, ya que recoge la planificación de este en cuanto a su construcción, gestión, explotación y financiación. Una hoja de ruta que prevé la construcción de un edificio principal de nueve plantas (más la baja y semisótano) de 20.800 metros cuadrados, en lugar de las tres torres previstas inicialmente y que se completará con las instalaciones ya existentes destinadas a los servicios comunes,
El consejero, junto con el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presentado los detalles a las autoridades judiciales y colegios profesionales en un acto celebrado en la Casa de Iberoamérica, donde ha explicado que, tras su publicación en el BOJA, este estudio de viabilidad se someterá a información pública durante un mes para recibir alegaciones antes de enviarlo a la Oficina de Evaluación Financiera. Al acto también han acudido la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera; la delegada del Gobierno de Cádiz, Mercedes Colombo; la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila, y la delegada territorial en Cádiz, Ana Bertón.
El objetivo es publicar la licitación para la redacción del proyecto y las obras en el último trimestre del año, si bien ha dejado claro que la Ciudad de la Justicia de Cádiz “ya está en marcha tras 24 años de vaivenes, promesas incumplidas, documentos presentados públicamente y metidos en un cajón por diferentes consejeros de Justicia desde 2001”. “Hoy 8 de mayo, hace justo 24 años que se presentó el Plan de Infraestructuras de 2001 en el que ya iba este proyecto”, ha dicho el consejero. “Por eso para nosotros era tan importante volver a Cádiz con realidades y no con palabras que se volvieran a incumplir porque eso hace daño a la democracia”, ha añadido.
Finalmente, se construirá un edificio principal de un bloque, en lugar uno con tres torres como la propuesta planteaba en un principio, con nueve plantas en lugar de ocho, más la planta baja y un semisótano. Nieto ha explicado que desde la Consejería se ha solicitado a la iniciativa privada estos cambios sobre el proyecto inicial para contar con más espacios diáfanos y versátiles que se adapten al nuevo modelo de tribunales de instancias y oficinas judiciales que establece la Ley de Eficiencia publicada por el Gobierno a principios de año.
El acceso principal será por la plaza que servirá de unión entre este edificio y los existentes. Todos los edificios del complejo estarán unidos por ese gran espacio público que será la plaza central que se convertirá en un “punto neurálgico” de la capital gaditana, ya que conectará los barrios de La Laguna y Loreto-Puntales.
En total, la Ciudad de la Justicia tendrá más de 38.500 metros cuadrados entre el edificio principal (20.800, incluida la planta bajo rasante), el antiguo depósito de Tabacalera (7.732), las naves (8.095) y las casas de los ingenieros (1.898).
La distribución diseñada entre los técnicos de la Consejería y la iniciativa privada del edificio de nueva construcción prevé que los servicios para la ciudadanía y las salas de vistas se ubiquen en las plantas más bajas, para que el acceso del público sea más fácil, mientras que las más altas se destinen a las oficinas y despachos de los profesionales, que tendrán así “mayor privacidad para trabajar y se evitará un flujo permanente de personas por todo el edificio”.
No obstante, el consejero ha dejado claro que esta distribución “no es fija hasta que no haya un acuerdo absoluto de todos los operadores jurídicos”. En este sentido, ha pedido a todos aportaciones para la distribución más adecuada conforme a las necesidades de quienes van a trabajar día a día en ese edificio.
En principio, en el semisótano estará la zona de detenidos, las dependencias dedicadas a instalaciones y mantenimiento, así como los aseos, vestuarios para personal de limpieza y seguridad y la sala de descanso. En la planta baja estará el control de seguridad, el Juzgado de Guardia, zona específica para la Jurisdicción de Menores; el mostrador de atención al público del Registro Civil; aseos, vestuario y salas de descanso y lactancia para personal y también unos aseos públicos.
En la planta primera estarán la sección y la Fiscalía de Menores, la oficina de los profesionales del Registro Civil, los servicios de mediación (PIMA, SEMPA y el futuro SEMCA) y de atención a víctimas (SAVA), así como las instalaciones para los colegios profesionales.
20 salas de vista en dos plantas
Habrá un total de 20 salas de vista que se concentrarán en la segunda y la tercera planta. En la cuarta se ubicarán los órganos de lo Contencioso-administrativo y de lo Social; en la quinta la Fiscalía Provincial; en la sexta los tribunales de lo Penal y las secciones de lo Penal de la Audiencia; en la planta séptima los de Instrucción, los de Violencia sobre la Mujer y más secciones penales de la Audiencia. En la planta octava los órganos de Familia y de lo Mercantil junto con las secciones civiles de la Audiencia y en la última planta los tribunales de Primera Instancia y la Presidencia de la Audiencia Provincial.
El edificio será plenamente accesible y sostenible, ya que se utilizarán materiales de construcción ecológicos y que aprovechen la luz natural y la energía solar para garantizar la eficiencia energética. La fórmula de la colaboración público-privada supone que la Junta no comenzará a pagar hasta que entre en funcionamiento y durante esos 27 años abonará a la empresa adjudicataria un canon de 6,7 millones anuales que incluye la redacción del proyecto, la construcción y la gestión del edificio.
Tras la exposición pública de la iniciativa privada durante un mes, Nieto ha explicado que se estudiarán las alegaciones presentadas y, en caso de incorporarlas, se publicará en BOJA la iniciativa definitiva que se llevará a la Oficina de Evaluación Financiera para su aprobación. En ese momento se recabarán los informes preceptivos (Comité Técnico de Control de Precios, Gabinete Jurídico, Consejo Consultivo de Contratación, Dirección General de Presupuestos) además de los informes de explotación y de estructura de coste, que ya se han encargado.
El objetivo es sacar a licitación, en el último trimestre de este año, el pliego de condiciones, que marcará un plazo de 32 meses para el diseño y construcción de las obras. Dentro de ese período, los seis primeros meses corresponden a la redacción y aprobación del proyecto de ejecución y el resto para la ejecución de las obras y puesta en servicio de la “Ciudad de la Justicia que necesita Cádiz para el presente y para el futuro”.
Servicios complementarios en el resto del complejo
En el resto de los espacios del complejo se ubicarán todos los servicios complementarios. Así en la Casa Norte estará el Servicio Común General (Junta Electoral), el Decanato, la Coordinación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la Biblioteca. En la Casa Sur tendrán sus dependencias la Gerencia de la sede judicial, las mutualidades, los traductores y peritos y los sindicatos. En el llamado Depósito 1961 estarán los servicios comunes Procesal y de Ejecución y la clínica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).
La adecuación de los edificios ya existentes, con una inversión prevista de 47 millones de euros (de ellos cinco millones son para equipamiento del archivo con la última tecnología), se hará en paralelo, comenzando con las casas de los ingenieros para luego continuar con el Depósito 1961 y terminar con las naves, una de las cuales se destinará a archivos y la otra a un “gran salón de actos que además se pueda usar en casos de macrocausas y una sala de bodas”. La previsión es sacar la licitación de la rehabilitación de las casas norte y sur este verano para que las obras comiencen a final de año.
Durante la presentación del estudio de viabilidad realizado por Iridium, Martín Casillas y Carmocon, a la que han asistido las autoridades judiciales de la provincia y los responsables de los colegios profesionales, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha agradecido al consejero su presencia en Cádiz para explicar a los operadores judiciales los avances que se han producido en un proyecto “que ya va a ser una realidad. Hasta ahora ha habido mucha literatura y poco ladrillo, pero a partir de este año van a cambiar las cosas”.
El regidor ha asegurado que “el actual gobierno de la Junta de Andalucía mostró desde el primer momento su compromiso con este proyecto después de muchos años de promesas incumplidas”.