El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha expresado en el Pleno del Parlamento la preocupación del Gobierno andaluz por la «sobrecarga» que va a suponer para los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumir las competencias sobre los delitos sexuales sin que el Estado ponga recursos para reforzar estos órganos. «Los jueces de Violencia de Género están alertando de esta sobrecarga y nos preocupa porque no queremos que se reduzca ni un ápice la atención a las víctimas«, ha señalado.
El consejero ha lamentado en el Parlamento que desde el Gobierno central no se pongan los medios necesarios para que estos juzgados puedan hacer frente a estas nuevas competencias, recogidas en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia publicada en pasado mes de enero. Para ello, para poder afrontar esta situación, «necesitamos que el Gobierno haga justicia, lo que no necesitamos es que haga injusticias como la cometida en la comisión bilateral con Cataluña en la que se acuerda la aportación de 60 nuevos jueces sacrificando los comprometidos para Andalucía, solicitados en su día» y que supondrían casi 80 plazas más en nuestra comunidad, entre jueces y magistrados.
En este sentido, Nieto ha recordado que la Consejería de Justicia consensuó con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una lista de necesidades urgentes de nuevas unidades judiciales en la comunidad para este año, cifradas en 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados. La respuesta del Ministerio de Justicia fue que no se crearía ninguno alegando limitaciones presupuestarias y la puesta en marcha de la citada Ley de Eficiencia, que, además de dotar de más competencias a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, transformará los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, es decir, en órganos colegiados.
Se trata de una reforma de calado que tampoco cuenta con recursos económicos por parte del Estado para ayudar a las comunidades con las competencias de Justicia transferidas a desplegarla y con un calendario de aplicación muy exigente que no ha sido consensuado con éstas. De hecho, en Andalucía, 70 de los 85 partidos judiciales deberán estar adaptados a la nueva norma el 1 de julio, con la consiguiente reordenación de espacios físicos en las sedes judiciales y de las plantillas. El 31 de octubre se adaptarán otros tres partidos judiciales y antes del 31 de diciembre los 12 más grandes, entre ellos las ocho capitales de provincia.
