La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha participado este martes en Sevilla en la entrega del XXI Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza. Durante la clausura, ha abordado la simplificación de los procedimientos y la seguridad jurídica que recoge la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, como marco para desarrollar la actividad económica con garantías de protección del entorno.
El encuentro se ha celebrado en la Fundación Cajasol con la participación del presidente de Flacema, Alan Svaiter; sus vicepresidentes, José Manuel Rodríguez Saucedo y José Miguel Sánchez Cano; su director general, Manuel Parejo Guzmán, y el presidente de la Fundación Minería y Vida, Javier Targhetta, encargado de la conferencia sobre sostenibilidad industrial. También han asistido el director general de Economía Circular de la Junta de Andalucía, David Fernández, así como representantes institucionales, empresariales y sindicales.
En este contexto, Fina Martínez ha vinculado la transformación de la industria con la necesidad de contar con procedimientos claros, adecuados a las características y posibles efectos de cada actividad. La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, vigente desde junio, regula cómo se evalúan los proyectos y qué condiciones deben cumplir para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
En cuanto a los tiempos, establece plazos máximos de resolución de seis meses para las autorizaciones ambientales integrada y unificada, cinco para la unificada simplificada y tres para la licencia ambiental municipal. En la unificada, el plazo general pasa de ocho a seis meses. Se trata de plazos legales sujetos a las suspensiones y ampliaciones previstas, por lo que no equivalen necesariamente al tiempo total transcurrido desde la solicitud.
Además, la consejera ha relacionado la seguridad jurídica con una cuestión práctica: que una empresa pueda conocer las exigencias ambientales antes de desarrollar su proyecto y que la ciudadanía disponga de información sobre sus efectos. Desde esa perspectiva, ha recordado que aplicar la normativa exige coordinación técnica y una explicación accesible de las decisiones administrativas.
Ley de Economía Circular
Junto a este marco, la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada en 2023, aborda cómo aprovechar los recursos durante más tiempo y reducir los residuos. Su alcance comienza en el diseño de los productos, cuando se decide qué materiales utilizar y cómo podrán recuperarse después. En esta línea, la consejera ha puesto de relieve que la Consejería está trabajando en las jornadas participativas para elaborar la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular que se celebrarán en las ocho provincias. «Precisamente, la prevista en marzo en Granada se centrará en la construcción y las industrias de áridos y piedra natural, por lo que será una buena ocasión para contar con la participación del sector y recoger sus aportaciones para enriquecer la Estrategia», ha reseñado.
En la construcción, fomenta el uso de materias primas secundarias, es decir, materiales recuperados que pueden incorporarse a nuevos procesos. Asimismo, contempla conexiones entre industrias para aprovechar recursos de unas actividades en otras y la recuperación de materias primas fundamentales.
Esta relación entre producción, empleo y protección ambiental forma parte del trabajo de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, Flacema, que reúne a la patronal cementera y a las organizaciones sindicales. Aunque sus premios abarcan el conjunto de la industria andaluza, la entidad trabaja específicamente con un sector que necesita materias primas y energía para fabricar sus productos.
Por ello, Fina Martínez ha explicado que aprovechar materiales adecuados procedentes de otras actividades puede reducir el consumo de recursos naturales. También determinados residuos que ya no pueden reutilizarse ni reciclarse pueden sustituir parcialmente combustibles fósiles en los hornos cementeros. Este aprovechamiento energético debe respetar las prioridades de gestión de residuos y contar con las autorizaciones y controles exigibles.
A partir de estos ejemplos, la consejera ha hablado sobre la descarbonización y el reto de reducir emisiones manteniendo y modernizando la actividad industrial y el empleo. Según el inventario andaluz, las emisiones totales descendieron un 42% entre 2005 y 2023, hasta 38,36 millones de toneladas de CO₂ equivalente. Entre 2022 y 2023, la disminución fue del 10,2%. Son cifras del conjunto de Andalucía.
Acercar el debate ambiental a la ciudadanía
Precisamente, acercar estos procesos al público es la tarea que reconocen los premios. Fina Martínez ha felicitado a los galardonados y ha señalado el papel educativo de una información que explica asuntos complejos sin perder precisión, de modo que la ciudadanía pueda conocerlos y participar con más criterio en el debate ambiental.
El primer premio ha recaído en Francisco Muñoz, de Diario de Sevilla, por Tierras raras: la inesperada riqueza de las aguas ácidas de Huelva. El primer accésit ha distinguido a José María Montero Sandoval y María José García-Mondelo, de Canal Sur Televisión, por su trabajo sobre el potencial aprovechamiento de estos materiales investigado en la Universidad de Huelva. Ambas piezas explican posibilidades cuyo desarrollo requiere comprobar su viabilidad técnica y económica.
Por su parte, Beatriz Castillo, también de Canal Sur Televisión, ha recibido el segundo accésit por Andalucía, a la cabeza en la producción del nuevo combustible para aviones, sobre combustibles sostenibles de aviación obtenidos a partir de materias como aceites usados y restos agrícolas y forestales. La convocatoria ha recibido este año 19 candidaturas y acumula aproximadamente 450 trabajos de más de 300 periodistas desde su primera edición, en 2006.



