El Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de ley para la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, dos iniciativas que no pudieron completar su tramitación parlamentaria durante la pasada legislatura como consecuencia de la disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria electoral del 17 de mayo de 2026.
La creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía responde al interés público de reforzar las garantías de calidad y el control en la prestación de los servicios de investigación privada, promover una actuación deontológica adecuada y proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.
El proyecto destaca la creciente relevancia de la seguridad privada y la importancia de la actividad de los detectives en la obtención de información y pruebas sobre conductas o hechos privados, por cuenta de terceros legitimados. Asimismo, considera que el colegio constituye un cauce adecuado para favorecer la colaboración con la administración y garantizar que el ejercicio profesional se ajuste a las normas y reglas que protegen los derechos e intereses de la ciudadanía.
La nueva corporación tendrá naturaleza de Derecho Público, personalidad jurídica propia y ámbito territorial autonómico. La incorporación será voluntaria y podrán solicitarla las personas que cuenten con la cualificación profesional exigida por la Ley de Seguridad Privada y la correspondiente habilitación del Ministerio competente en materia de Interior.
Para su constitución, se nombrará una comisión gestora integrada por cinco representantes de la Asociación de Detectives Privados de Andalucía, que elaborará los estatutos provisionales y el censo de profesionales interesados en la colegiación y convocará posteriormente una asamblea constituyente que aprobará los estatutos definitivos y elegirá los órganos de gobierno.
Por su parte, la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía está justificada por la relevancia social de estas profesiones y su contribución a la formación integral de la ciudadanía, la mejora de la calidad educativa y la reducción de las desigualdades. El proyecto destaca el papel de estos profesionales en la adaptación de los procesos educativos a las nuevas realidades, la innovación en los métodos de enseñanza y aprendizaje y la promoción de la inclusión social, con el objetivo de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse.
Desde la perspectiva del interés público, la nueva corporación permitirá representar y defender los derechos de las personas colegiadas, proteger a quienes reciben sus servicios y ordenar el ejercicio de la actividad mediante el correspondiente control deontológico. El proyecto vincula expresamente esta labor con la protección del derecho fundamental a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española.
El colegio tendrá naturaleza de corporación de Derecho Público, personalidad jurídica propia y ámbito de actuación en toda Andalucía. Podrán integrarse voluntariamente quienes estén en posesión de los títulos de Grado o Licenciatura en Pedagogía o de Licenciatura en Psicopedagogía, así como de las antiguas titulaciones de Filosofía y Letras, en las secciones de Pedagogía y Educación, o de Filosofía y Ciencias de la Educación, además de las titulaciones oficiales equivalentes reconocidas conforme a la normativa aplicable.
Para su constitución se nombrará una comisión gestora integrada por cinco representantes de la Asociación Pro-Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, que elaborará los estatutos provisionales y el censo de profesionales interesados en la colegiación, y convocará una asamblea constituyente para aprobar los estatutos definitivos y elegir los órganos de gobierno.