El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha advertido de que la regulación impulsada por el Gobierno de España para la instalación de centros de datos está comprometiendo la capacidad de Andalucía para competir en el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas del futuro. Nieto ha calificado de «decisión equivocada» el planteamiento del Ministerio para la Transición Ecológica, que, según ha señalado, establece unas condiciones «mucho más altas» que las de la Unión Europea y las del conjunto de países del mundo.
Nieto ha alertado de que la normativa mantiene bloqueados 20 proyectos de centros de datos en Andalucía, que representan una inversión de 10.000 millones de euros. «El Gobierno de España ha decidido poner el listón mucho más alto de lo que lo ha puesto la Unión Europea, y mucho más alto que el conjunto de los países del mundo», ha señalado, reclamando que se corrija cuanto antes una regulación que «está dañando la capacidad de competir de Andalucía».
Requisitos
Nieto ha expresado su preocupación por las condiciones establecidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha considerado especialmente exigentes y alejadas de la realidad climática y energética de Andalucía. Así, ha señalado que los estándares planteados dificultan la implantación de estas infraestructuras, pese a que los centros de datos son esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la economía digital y la soberanía tecnológica.
Entre los requisitos se encuentra el de que, hora a hora, el 80% del consumo energético proceda de fuentes renovables. Nieto ha explicado que esta condición no tiene en cuenta que «por la noche no se produce energía solar», y que, actualmente, las capacidades de almacenamiento no permiten dar respuesta a todas las necesidades que plantea esta exigencia.
El consejero se ha mostrado crítico con las consecuencias que esta regulación puede tener para la autonomía tecnológica de España y Andalucía. En este sentido, ha calificado el planteamiento del Ejecutivo central como «una mala decisión», al considerar que las condiciones regulatorias pueden terminar desplazando inversiones y limitando las oportunidades de desarrollo tecnológico de Andalucía.
Normativa europea
Asimismo, Nieto ha recordado que la Junta de Andalucía y el sector han presentado numerosas alegaciones a la regulación. Por ello, ha defendido que la solución pasa por aplicar los criterios establecidos por la Unión Europea, sin imponer exigencias adicionales que dificulten la competitividad de España y de Andalucía.
«Lo que pide el sector, y lo que pedimos desde la Junta de Andalucía, es que se remitan a la normativa europea» ha señalado Nieto.
El consejero de Inteligencia Artificial ha puesto como ejemplo la situación de otros países europeos y ha afirmado que, a su juicio, el Gobierno central ha optado por establecer unas condiciones que superan ampliamente las exigencias europeas y que pueden impedir, en la práctica, el desarrollo de estas infraestructuras.
Nieto ha aclarado que Andalucía no reclama una ausencia de controles ni que se permita cualquier tipo de implantación. «Nosotros no pensamos que no deba haber regulación. Evidentemente tiene que haber controles, tiene que haber garantías», ha subrayado.
«El futuro es una economía basada en el dato»
En este sentido, ha defendido que el desarrollo de centros de datos propios es una condición imprescindible para garantizar la seguridad de la información y avanzar en soberanía digital.
Además, ha señalado que el futuro económico estará cada vez más ligado a la gestión de los datos y a tecnologías como la inteligencia artificial, por lo que disponer de infraestructuras propias resulta fundamental para el crecimiento de la comunidad. «El futuro es una economía basada en el dato», ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que la información debe estar «segura y garantizada».
Por último, Nieto ha sostenido que el bloqueo de estos proyectos supone un perjuicio para el posicionamiento tecnológico. «Están dañando la capacidad de competir de un territorio y, en este caso, están dañando la capacidad de competir de Andalucía», ha señalado, reclamando al Gobierno de España que rectifique una regulación que puede limitar una oportunidad estratégica para la comunidad.