miércoles, 28 octubre 2026

La Junta activa los IML en Córdoba y Sevilla tras aceptar el Gobierno su ofrecimiento de ayuda por el accidente ferroviario

Los profesionales del Instituto de Medicina Legal colaborarán con la Guardia Civil en la recogida de muestras de ADN de familiares de las víctimas y contarán con el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirige el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha activado y puesto a disposición de las víctimas de la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) los recursos humanos y técnicos de sus Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), así como los servicios de asistencia a víctimas presentes en las ocho provincias andaluzas.

El Gobierno de España ha aceptado el ofrecimiento de ayuda de la Junta de Andalucía, trasladado al Ministerio de Justicia y a la Comisión Nacional de Sucesos con Víctimas Múltiples, que contempla especialmente los medios de los Institutos de Medicina Legal de Córdoba y Sevilla para colaborar en las labores de identificación de fallecidos y otras actuaciones médico-forenses que puedan requerirse, conforme a los protocolos establecidos y bajo la coordinación de las autoridades responsables de la emergencia.

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En concreto, la Consejería ha activado los dispositivos de los Institutos de Medicina Legal de Córdoba y Sevilla, con el desplazamiento inicial de cuatro médicos forenses, ampliable según las necesidades, dos en cada provincia, para colaborar con la Guardia Civil en las zonas antemortem habilitadas para la recogida de muestras de ADN de familiares de las víctimas.

Asimismo, la Consejería ha autorizado la movilización de profesionales de psicología y trabajo social y mantiene la coordinación con la Guardia Civil para ampliar los efectivos en función de las necesidades que se vayan detectando.

Por su parte, la Consejería pone a disposición de todas las víctimas los recursos del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), presente en las ocho provincias andaluzas, para la atención psicológica, social y jurídica de los afectados y sus familiares, también dentro del ámbito de sus competencias y en coordinación con los servicios responsables.

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Por último, desde la Consejería se está trabajando con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía (CADECA) y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales (CACOP) para facilitar la atención de las posibles necesidades jurídicas de las víctimas andaluzas y sus familias.

La Consejería que dirige Manuel Gavira traslada su consternación por este horrible suceso, así como su solidaridad y apoyo a las víctimas y sus familias, al tiempo que reafirma la disposición de la Junta de Andalucía a poner todos los medios a su alcance para ayudar a los afectados y sus familias, y facilitar el esclarecimiento de la verdad y depuración de las responsabilidades oportunas.

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