Pilar Pérez destaca también el proyecto de Barrio de Quarto como ejemplo de urbanismo público sostenible
La gerente de Sevilla Activa, Pilar Pérez, ha participado en la jornada ‘Vivienda: un derecho, no un privilegio’, organizada por UGT Andalucía en Sevilla, en concreto, en una mesa redonda sobre las dificultades de acceso a la vivienda y las respuestas de las administraciones públicas, donde ha defendido la necesidad de ampliar la oferta de vivienda protegida y de poner al alcance de los jóvenes soluciones que les permitan desarrollar su proyecto de vida en su propio entorno.
Pérez ha destacado en este sentido la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Sevilla, que incorpora a todos los ayuntamientos de la provincia a la promoción de vivienda pública, tanto en venta como en alquiler.
En su intervención, ha defendido que una vivienda verdaderamente asequible debe tener precios al alcance de las familias, situando como referencias para una VPO los 115.000 euros en venta y los 350 euros mensuales en alquiler. A su juicio, otras ofertas con precios superiores pueden responder a modelos diferentes, pero no a esa idea de vivienda asequible.
La gerente también ha destacado que los municipios del entorno de la ciudad de Sevilla han tenido que atender una demanda a la que la capital no daba respuesta, lo que ha llevado a un desplazamiento de vecinos y jóvenes hacia localidades cada vez más alejadas, incluida la segunda corona metropolitana. Por ello, ha reivindicado que “todos tenemos derecho a vivir en nuestro entorno si queremos” y ha destacado la decisión de la Diputación de poner su patrimonio al servicio de los jóvenes de la capital.
En esta línea, ha señalado Barrio de Quarto como una oportunidad para ofrecer nuevas soluciones residenciales en Sevilla. El proyecto prevé más de 6.000 viviendas accesibles y sostenibles y un parque de Valme de más de 70 hectáreas. Se plantea como una actuación de urbanismo público que no se limita a construir viviendas, sino que también tiene en cuenta la integración con el entorno, los espacios verdes y las necesidades de los vecinos de los barrios próximos.
En materia de municipalismo, Pilar Pérez ha defendido que las competencias atribuidas a los ayuntamientos deben ir acompañadas de financiación suficiente y libertad para ejercerlas. En este sentido, ha cuestionado que, pese a que la Junta tiene reconocida la competencia exclusiva sobre vivienda, se esté encomendado a los municipios funciones como las calificaciones de viviendas protegidas, para después regular de forma detallada su ejercicio. A su juicio, esa fórmula se parece más a una delegación de tareas que a una verdadera competencia de gestión municipal.
Por último, ha instado a que la Junta de Andalucía ponga en marcha las líneas del Plan Estatal de Vivienda y que los recursos lleguen cuanto antes a las actuaciones previstas.