jueves, 10 septiembre 2026

La Junta alegará contra el reparto del Gobierno central de 90 millones ligado a las zonas tensionadas

Rocío Díaz anuncia que la Consejería de Vivienda lleva semanas preparando alegaciones para reclamar los recursos estatales que también corresponden a Andalucía

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado en el Parlamento de Andalucía que la Junta presentará alegaciones al proyecto del Gobierno de España que reserva 90 millones de euros en subvenciones directas exclusivamente a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

«Andalucía no aceptará que los fondos de vivienda dependan de la declaración de zonas tensionadas», ha advertido Díaz en la comisión parlamentaria del ramo, donde ha explicado que la Consejería de Vivienda lleva semanas trabajando en las alegaciones para defender que Andalucía pueda optar también a unos recursos destinados a resolver problemas de acceso a la vivienda que existen con independencia del modelo regulatorio elegido por cada comunidad autónoma.

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El proyecto estatal distribuye los 90 millones de euros entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, mientras que Andalucía queda excluida por no haber declarado zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley Estatal de Vivienda. Los fondos pueden financiar, entre otras actuaciones, la promoción y rehabilitación de vivienda asequible o social, la adquisición y urbanización de suelo y la incorporación de viviendas al parque residencial.

Díaz ha cuestionado que la declaración de una zona tensionada se convierta en la única vía para acceder a esa financiación. «No compartimos que una decisión legítima en el ejercicio de nuestras competencias termine penalizando financieramente a Andalucía», ha señalado la consejera, que ha recordado que la propia legislación estatal configura la declaración de estas zonas como una posibilidad de las comunidades autónomas y no como una obligación.

La Junta planteará en sus alegaciones que el reparto se realice atendiendo también a criterios objetivos de necesidad residencial, como la evolución de los precios de compra y alquiler, el esfuerzo económico de las familias, el crecimiento de la demanda, la relación entre oferta y demanda, la producción de vivienda o la disponibilidad de vivienda asequible y social. La Junta propondrá expresamente que se suprima la declaración formal de zona tensionada como condición exclusiva para acceder a la totalidad de las subvenciones.

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«No estamos reclamando más por ser Andalucía. Estamos reclamando que Andalucía no valga cero por haber elegido legítimamente un modelo diferente«, ha defendido Díaz, que ha insistido en que «los fondos públicos deben seguir a las necesidades de los ciudadanos».

Más vivienda asequible y nuevas medidas para jóvenes y familias

Durante su comparecencia, Rocío Díaz ha situado el aumento de la oferta de vivienda asequible como uno de los grandes objetivos de la legislatura. La consejera ha defendido el modelo andaluz basado en movilizar suelo, agilizar la gestión, ofrecer seguridad jurídica y sumar recursos públicos y privados para incrementar la oferta.

Díaz ha recordado que Andalucía aportará 478 millones de euros, el 40% de la financiación de la nueva fase del Plan de Vivienda 2026-2030, lo que supone multiplicar por seis la aportación autonómica respecto al plan estatal anterior. Asimismo, la Junta de Andalucía mantiene como objetivos de legislatura impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas y fomentar la rehabilitación de 22.000 inmuebles. Entre las nuevas medidas anunciadas, el Gobierno andaluz pondrá en marcha una línea de avales para facilitar la adquisición de vivienda a las familias numerosas, con una dotación inicial prevista de 25 millones de euros.

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La vivienda tendrá además un peso especial dentro de las políticas dirigidas a los jóvenes. La Junta prevé un nuevo programa de ayudas para la compra de vivienda dirigido a menores de 40 años, con 25 millones de euros, y otro programa de alquiler con opción a compra, también dotado inicialmente con 25 millones, que permitirá descontar del precio final de la vivienda el cien por cien de las cantidades abonadas previamente en concepto de alquiler. A estas medidas se sumará una reserva específica de vivienda protegida, tanto en alquiler como en compra, para menores de 35 años. «No hay emancipación sin vivienda», ha afirmado la consejera.

Nueva Ley de Juventud

En materia de juventud, Díaz ha anunciado que la Junta abordará durante esta legislatura una nueva Ley de Juventud de Andalucía y un segundo Plan Estratégico de la Juventud.

«No queremos una norma para cubrir un expediente ni para acumular declaraciones de intenciones. Queremos una ley útil, una ley que se note en la vida de los jóvenes«, ha señalado. La consejera ha defendido que las políticas juveniles deben abordar de forma conjunta cuestiones como la formación, el empleo, la vivienda, la movilidad o el emprendimiento.

También se extenderá a todos los albergues de Inturjoven el Programa de Residentes dirigido a estudiantes y profesores, que el pasado curso se desarrolló en seis centros, y se mantendrá el programa Coliving para jóvenes y profesionales que necesitan estancias prolongadas con mayor flexibilidad.

Rocío Díaz ha abordado igualmente las principales líneas de la Consejería de Vivienda en ordenación del territorio y ha avanzado que la Junta trabaja con el objetivo de disponer del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) durante el primer trimestre de 2027.

La consejera ha destacado además que la tramitación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental está prácticamente culminada y que, una vez emitido el informe preceptivo del Gabinete Jurídico, el decreto podrá elevarse al Consejo de Gobierno. En el caso del Plan Especial de Ordenación de la Vega del Río Andarax, la Junta ha optado por reforzar el diálogo con agricultores y propietarios con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible antes de su aprobación, prevista antes de finalizar el año.

«Sin suelo no hay vivienda; sin planificación, las infraestructuras llegan tarde; y sin seguridad jurídica, las inversiones se frenan», ha resumido Díaz, que ha defendido una ordenación territorial capaz de anticipar las necesidades futuras de vivienda, infraestructuras, servicios y actividad económica.

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