La Diputación de Sevilla da un paso adelante en su compromiso con el medio ambiente y la optimización de la salud y el bienestar de la ciudadanía y ha llevado hoy al órgano de su Junta de Gobierno, presidida por Javier Fernández, una propuesta para financiar con 4,1M€ a los municipios y entidades locales autónomas, de hasta veinte mil habitantes, en sus acciones para que sus instalaciones y emplazamientos estén libres de amianto.
“Es una inversión provincial con la que nos involucramos con los ayuntamientos más pequeños de la provincia en su cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, financiando la realización de un censo de las instalaciones y emplazamientos con amianto de sus términos municipales, que incluye un cronograma para su retirada y el estudio de costes para la limpieza de estos espacios”, ha explicado Gonzalo Domínguez, diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, área que se encargará de la puesta en marcha de esta iniciativa.
La elaboración del censo es el paso previo para la retirada del amianto de las instalaciones e infraestructuras de los municipios, que es prioritaria en los edificios públicos de mayor afluencia ciudadana, y que tiene que acompañarse de un calendario de actuaciones.
“A lo que se ha dado hoy visto bueno desde el Equipo de Gobierno es a las Bases reguladoras específicas para esta propuesta y al lanzamiento de la convocatoria de la línea de subvenciones que la orquesta. El apoyo de la Diputación se plantea en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que todos estos ayuntamientos pequeños se van a ver reforzados con financiación provincial para que puedan prestar de manera eficiente un servicio que implica suplementar sostenibilidad para sus vecinos y vecinas”.
Esta línea de subvenciones con carácter de ayuda en especie, en la que el Área de Servicios Públicos Supramunicipales se encarga de la licitación de los contratos de servicios necesarios para la realización de la actividad, forma parte del Plan Estratégico del Área 2024-2027 y se sufraga con fondos propios.
En cuanto a la cuantía de las ayudas a recibir por parte de las entidades beneficiarias, que serán incompatibles con la percepción de otros ingresos o recursos para esta misma finalidad, quedan determinadas en las Bases: municipios de hasta cinco mil habitantes recibirán 30.000 euros; de entre cinco y diez mil habitantes, 50.000 euros, y entre diez mil y veinte mil habitantes, 75.000 euros. El plazo para la realización de la actividad finalizará el 31 de diciembre de 2027.
APOYAR A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES EN LA REGULARIZACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
La diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha informado por su parte a la Junta de Gobierno de la propuesta desarrollada desde su Área en apoyo a los y las profesionales de los servicios sociales comunitarios en los municipios con población inferior a veinte mil habitantes, en relación con el proceso de regularización administrativa extraordinaria de las personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno de España y con plazo de solicitud abierto hasta el próximo 30 de junio.
“Han sido las entidades locales las que estaban llamadas a informar sobre este proceso a través de sus servicios sociales comunitarios y entendíamos que estos profesionales requerían formación, conocer las claves del procedimiento para poder así realizar su labor de acompañamiento y derivación para las personas usuarias que se encontraban en situación irregular”.
Una formación que se ha realizado en formato de jornadas, impartidas por Carmen Gutiérrez Varilla, abogada que ha formado parte de los equipos de asesoramiento a personas inmigrantes de CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África y de Solidaridad Internacional, y en las que se ha abordado desde una perspectiva práctica las características del proceso de tramitación de informes de vulnerabilidad social.
“Las personas que reúnan los requisitos establecidos, contarán con autorización para trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año, por lo que estamos ante una valiosa oportunidad para la integración laboral y social”, ha dicho Fuentes.
“Cumplimos así desde la Diputación con uno de nuestros compromisos en cuanto a la cohesión social: el de cooperar en la integración de las personas de diferentes culturas y de otros países, que eligen nuestra provincia para residir. Nuestra labor se centra en el asesoramiento a corporaciones locales y actividades de información, formación, sensibilización a técnicos, agentes sociales y población en general”.