El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar de fuerza mayor y extrema necesidad la situación generada por la llegada masiva a las costas andaluzas de los arribazones del alga exótica invasora (Rugulopterix okamurae), conocida como alga asiática. El acuerdo permitirá aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, con el objetivo de aliviar la presión económica que soportan los municipios costeros ante este fenómeno ambiental excepcional.
Esta alga, originaria del Pacífico, fue identificada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar, a partir de arribazones detectados en las costas de Ceuta. Desde entonces, la especie ha mostrado una capacidad de colonización extraordinaria, expandiéndose rápidamente tanto hacia el este como hacia el oeste en ambos lados del Estrecho. Su comportamiento invasivo se caracteriza por productividades y biomasas desmesuradas y sin precedentes, superando ampliamente a las especies autóctonas y a otras alóctonas, hasta el punto de ocupar en la actualidad gran parte de las costas de Andalucía. Esta expansión descontrolada, unida a la evidencia científica de que al menos a medio plazo no es viable su erradicación ni la restauración de los ecosistemas a su estado previo, motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en 2020 y su consideración como especie preocupante para la UE en 2022.
En estos momentos, la distribución de la Rugulopterix okamurae alcanza las cinco provincias costeras de Andalucía (Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería), siendo la presión especialmente intensa en Cádiz y en la parte occidental de Málaga, mientras que Huelva, pese a contar con fondos arenosos menos favorables, no es ajena a su expansión. Granada se encuentra ampliamente afectada mientras que Almería registra una presencia significativa, especialmente en zonas como Aguadulce, Roquetas de Mar y el Parque Natural de Cabo de Gata‑Níjar.
Las consecuencias de esta invasión son múltiples y especialmente graves. En el ámbito de la pesca, el alga dificulta de forma notable las artes tradicionales y, en muchos casos, los trabajos de arrastre, impidiendo el acceso de los peces a las redes. Por ello, los pescadores se ven obligados a izarlas para retirar la biomasa acumulada y posteriormente a reparar sus aparejos, con el consiguiente aumento de costes y la pérdida de rentabilidad. En las playas destinadas al baño, la acumulación masiva de algas genera problemas de salubridad, malos olores y lixiviados derivados de su fermentación y putrefacción, con efectos negativos sobre el medio ambiente, el paisaje y el consecuente daño para el sector turístico y las actividades ligadas a éste.
En la zona del Estrecho de Gibraltar se estima, incluso en un cálculo conservador, una biomasa anual de alrededor de 100.000 toneladas de peso fresco, que alcanza distintos municipios costeros en función de los vientos. Localidades como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella o Tarifa soportan una presión extraordinaria derivada de la necesidad constante de retirada de esta biomasa, cuyo crecimiento es incesante y descontrolado.
En Rota, el volumen transportado a vertedero se duplicó de 2022 a 2023, se triplicó en 2024 y se multiplicó por ocho en 2025. En Algeciras, en 2024 se retiró tres veces más que en 2023 y cinco veces más en 2025. Tarifa, por su parte, ha llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano, cuadruplicando registros anteriores, mientras que en Marbella se han retirado centenares de toneladas en un único día. Ante esta situación, numerosos ayuntamientos han solicitado ayudas extraordinarias a las administraciones, reconociendo la insuficiencia de recursos municipales para afrontar los elevados costes asociados a la recogida, transporte y tratamiento de estos residuos.
La retirada de estos arribazones genera un volumen masivo de residuos imprevisible en frecuencia y magnitud, que requiere actuaciones urgentes, reiteradas y muy costosas. En la situación actual, la valorización de esta biomasa es muy limitada debido a su alto contenido en sales y arenas, su inestabilidad y la necesidad de inactivar los ejemplares retirados para evitar la continuidad de la invasión. El compostaje resulta técnicamente complejo y los usos industriales disponibles son todavía incipientes, por lo que la única opción viable actualmente es su gestión como residuo y su depósito en vertedero.
Esta gestión conlleva la aplicación del impuesto estatal de 30 euros por tonelada, establecido en la Ley 7/2022, lo que supone una carga económica muy significativa para las entidades locales. No obstante, la propia ley contempla la exención del impuesto en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, cuando la entrega de residuos sea ordenada por las autoridades.
De esta forma, se pretende evitar una penalización económica injusta a los municipios, teniendo en cuenta la naturaleza imprevisible e inevitable del fenómeno, su carácter sobrevenido, la inexistencia de un sujeto responsable y la necesidad ineludible de actuar por razones de salud pública y protección ambiental, quedando establecida la finalización de esta declaración una vez superadas las circunstancias extraordinarias que la han motivado.