La mediación se consolida como una herramienta clave para mejorar el funcionamiento del sistema de Justicia, reducir la litigiosidad y ofrecer soluciones más ágiles a la ciudadanía. Así lo han puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la inauguración de la jornada conmemorativa del décimo aniversario del servicio de mediación de la Defensoría, que al mismo tiempo propone el reto de avanzar hacia la mediación intrajudicial.
El Defensor del Pueblo andaluz ha hecho balance de los diez años de funcionamiento de este servicio, que desde 2016 ha permitido transformar el modelo tradicional de gestión de quejas, pasando de la reiteración de conflictos a la búsqueda de soluciones compartidas. En este periodo, la institución ha tramitado más de 2.000 expedientes de mediación, con niveles de acuerdo cercanos al 80% y una alta satisfacción de las partes implicadas.
Maeztu ha subrayado que la mediación ha permitido descongestionar el sistema de quejas, activar a la ciudadanía y trasladar el foco hacia los conflictos colectivos, generando espacios de diálogo en condiciones de mayor equilibrio entre administraciones y ciudadanía. “No es un complemento del sistema, sino una evolución necesaria”, ha señalado, destacando además que esta herramienta forma parte del ADN de la institución y de su compromiso con la cultura de paz y la participación democrática.
De cara al futuro, el Defensor ha planteado el reto de avanzar hacia la mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativo, como vía complementaria para reducir los largos plazos de resolución —que pueden alcanzar entre cinco y quince años— y los elevados costes asociados. Para ello, ha propuesto la creación de un espacio de prueba o laboratorio en colaboración con los órganos judiciales, que permita evaluar su eficacia en un plazo de uno a dos años.
Por su parte, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha mostrado un respaldo firme a la mediación, a la que ha definido como “otra forma posible de hacer justicia” basada en el diálogo y el consenso, y ha defendido que los acuerdos alcanzados entre las partes ofrecen soluciones más eficaces y duraderas que las resoluciones judiciales, al tiempo que contribuyen a aliviar la sobrecarga de los tribunales.
Asimismo, Del Río ha subrayado la necesidad de crear la estructura que permita derivar conflictos hacia la mediación antes de llegar a juicio y ha animado a avanzar “sin miedo” en su implantación dentro del ámbito público. Por ello, Del Río ha considerado “complementario” el paso anunciado por la Defensoría para recibir casos desde la justicia ordinaria, lo que ha provocado la “confianza” del Defensor en avanzar en esta propuesta.
El representante de los jueces ha destacado el papel del Defensor del Pueblo Andaluz como aliado estratégico por su cercanía a los problemas reales de la ciudadanía y su capacidad para generar espacios de diálogo en ámbitos especialmente sensibles como la educación, la sanidad o los servicios públicos.
Durante su intervención, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha agradecido al Defensor la organización de este encuentro para difundir la mediación en un momento en el que los medios alternativos de solución de conflictos (MASC), a través del diálogo y el consenso, están adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro del sistema de Justicia, con su inclusión en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025.
El consejero ha subrayado que la “larga trayectoria de apuesta por la mediación de la Defensoría nos permite colocarla como autoridad de referencia” en la materia, por lo que su experiencia “ha servido de inspiración” a la Consejería para fomentar esta vía entre la ciudadanía como alternativa al pleito, con servicios públicos como el de Mediación Penal (SEMPA) creado en mayo de 2024 y el de Mediación Civil y Mercantil en el que se está trabajando, además de la colaboración con los Colegios de Graduados Sociales para la mediación en conflictos laborales ya judicializados.
Los juzgados penales andaluces han derivado al SEMPA en casi dos años más de 8.000 asuntos, la mayoría delitos leves de amenazas y lesiones, y los profesionales de este servicio han logrado más de 4.000 acuerdos que se han cerrado en un tiempo medio de un mes frente a los 14 meses que suelen tardar estos procesos en los juzgados, lo que supone un importante ahorro de tiempo y costes y un alivio para que los tribunales puedan dedicarse a causas complejas.
Las tres instituciones han coincidido en que el impulso de la mediación no solo contribuye a mejorar la eficiencia del sistema judicial, sino que fortalece la confianza en lo público y amplía los espacios de acuerdo en una sociedad que demanda soluciones más rápidas, dialogadas y eficaces.